El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una partida de 6,5 millones de euros para la actualización de los precios del concierto social en las residencias de personas mayores en grado tres de dependencia, que pasarán de 55 a 60 euros por plaza y día.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno donde ha indicado que las residencias son de titularidad privada, pero gracias al concierto y a la financiación de plazas por parte de la Junta, «permiten ampliar la oferta a las personas mayores a un precio asequible».
«La subida del precio de los productos y el contexto económico global nos lleva a actualizar una vez más el precio de estas plazas», ha indicado la consejera, quien ha añadido que con ello se garantiza que la prestación del servicio «siga siendo viable» y «en las mejores condiciones posibles» para las personas mayores.
El incremento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de diciembre del 2024 y afecta a un total de 163 centros residenciales de titularidad privada de la región en los que Padilla ha indicado que la Junta trabaja para cubrir «todas las necesidades de estas personas de una manera integral».
«Además de ser la prestación de un servicio público también es un motor económico en nuestra región y, por tanto, generador de empleo estable y no deslocalizable porque, evidentemente, hay que atender a las personas en sus lugares que en muchas ocasiones además están cerca de los entornos rurales», ha sostenido.
Bajo su punto de vista la red pública de residencias de personas mayores de Castilla-La Mancha «se consolida como una de las principales del país» ya que, actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 347 residencias, de las cuales 272 forman parte de la red pública de la Comunidad Autónoma.
Así, ha destacado que dos de cada tres plazas tienen financiación pública. En concreto, ha indicado que de las casi 28.000 plazas de residencias con las que cuenta en Castilla-La Mancha, 19.000 tienen financiación pública y, de ellas, más de 11.700 «son estrictamente públicas».
