Rodríguez ha explicado este miércoles en rueda de prensa que, además, la posición de Castilla-La Mancha será procurar que todas las comunidades autónomas lleguen a un consenso para determinar las convocatorias y sus fechas aunque, ha matizado, este punto no se puede garantizar porque cada región es «soberana» de elegir las que crea conveniente.
«Todo está por definir y es muy aventurado tomar una decisión tajante», ha comentado la titular de Educación, Cultura y Deportes, aunque ha reiterado que «todos los datos e informaciones» que tienen del resto de regiones españolas indican que las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo. «Podremos llegar a ello y esa será nuestra postura», ha remachado.
La consejera ha hecho hincapié en que la decisión de llevar a cabo el aplazamiento de la convocatoria prevista para este año se ha tomado de acuerdo con las fuerzas sindicales y la mayoría de las comunidades autónomas –todas excepto Euskadi, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid han anunciado que pospondrán al año próximo sus procesos–, considerando además que los opositores no tienen actualmente las condiciones para «dar una continuidad a sus hábitos de estudio». Asimismo, ha apuntado que a todos ellos se les devolverán las tasas pagadas en concepto de la reserva del examen.
Por otra parte, Rosa Ana Rodríguez ha afirmado que los 1.070 profesores que aprobaron la oposición en el año 2018 y que estaban en su periodo de prácticas van a poder concluir este ciclo «con garantías».
La consejera ha detallado que estos docentes les han trasladado su «preocupación» por su situación y, en este sentido, ha aseverado que las comisiones de calificación están «abiertas» y ha sostenido que si hay algún caso «específico» será atendido por estas comisiones «en función de esa demanda personal».
«Pero tengan la garantía de que este proceso, que finalmente hará que este conjunto de profesores sean funcionarios del Cuerpo de Maestros, podrá concluir con garantías», ha finalizado.
