La Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) apunta que el compañero de misión de Conde, el polaco Tadeusz Iwinski, recibió instrucciones en forma de declaraciones preparadas por parte del belga Stef Goris, parlamentario de la APCE hasta 2007 y que el informe señala como figura “esencial” en el engranaje de influencia de Azerbaiyán.
El documento señala que Conde no recibió personalmente las indicaciones pero “sí era responsable conjuntamente de la redacción y del contenido de las declaraciones que fue presentado en su nombre”, por lo que se saltó el código de conducta de misión de observación electoral.
Fuentes del Ministerio de Defensa creen que sostener que Conde –entonces diputado del PP– actuó sin observar la debida independencia es “ridículo, falso, inconsistente y contrario al más elemental sentido común”, ya que alega que él en ningún momento tuvo conocimiento de esas instrucciones, no autorizó que se usase su nombre y ni siquiera es consciente de que ese documento realmente exista.
Según argumenta, “parece” que su compañero de misión recibió un correo electrónico de Goris sugiriéndole que entregara un determinado texto tanto en su nombre como en el de Conde. “Por lo visto” Iwinski olvidó este email impreso en una sala, donde un miembro del secretariado dijo haberlo encontrado.
“El informe reconoce que el Sr. Conde no figuraba como destinatario de ese email, y por lo que se dice en el informe, ese texto no fue presentado al Buró ni en nombre del Sr. Iwinski ni en el del Sr. Conde. El Sr. Conde ni ha visto ese email, ni prestó autorización a nadie para que se usase su nombre, ni siquiera tiene conocimiento de que ese documento exista”, argumenta Defensa.
DEFINICIÓN DE PRESOS POLÍTICOS
El documento del Consejo de Europa también cuestiona la postura del secretario de Estado de Defensa sobre el concepto de presos políticos, a lo que el Ministerio replica que Conde quería definir este concepto para evitar que un uso “laxo” de la cuestión pudiera ser utilizado por los miembros de ETA encarcelados.
Para ello, explica que propuso que un panel de expertos pudiera dirigirse al Comité de Asuntos Legales para exponer sus opiniones, entre los que compareció el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
“Esto deja claro que el interés de Conde en el asunto de los ‘prisioneros políticos’ era netamente nacional y nada tenía que ver con Azerbaiyán. En todo caso, las decisiones en el COE se toman por mayoría de votos, y no dependen de la voluntad de uno o varios parlamentarios. Si tuvo éxito en sus planteamientos fue por lograr convencer a la mayoría de los miembros del Comité y de la Asamblea”, defienden las mismas fuentes.
