Este lunes, 9 de diciembre, se ha constituido la nueva Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), tras las elecciones a miembros celebradas en noviembre.
Durante la constitución de la Sala de Gobierno en pleno, han prometido o jurado como miembros los ocho candidatos electos: José Ramón Solís García del Pozo, Luis Casero Linares, María Pilar Astray Chacón, María de los Ángeles Pardo Sánchez, Ricardo Gallego Córcoles, José Antonio Fernández Buendía, María de la Fé Amarillo Vozmediano y Javier García López, según ha informado el TSJCM en nota de prensa.
Como máximo órgano de gobierno del Poder Judicial en la región, la Sala de Gobierno del Tribunal está presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco. Forman parte de la Sala de Gobierno como miembros natos los presidentes de las Salas del TSJCM y los presidentes de las cinco Audiencias Provinciales de la región. Como miembros no natos, las ocho personas elegidas a través de sufragio mayoritario y listas abiertas que votaron todos los miembros de la Carrera Judicial del territorio.
Entre las funciones de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentra la de colaborar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la gestión del gobierno interno de los juzgados y tribunales del territorio; aprueban las normas de reparto de asuntos entre las distintas secciones de cada Sala del TSJCM, secciones de las audiencias provinciales y juzgados del territorio; el establecimiento de los turnos para la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal y de las audiencias provinciales del territorio; aprobar la memoria anual de funcionamiento y necesidades del Tribunal Superior de Justicia; la propuesta de nombramiento de jueces y magistrados suplentes; recibir juramento o promesa de los magistrados que integran los respectivos tribunales y darles posesión; o la propuesta al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia de las medidas necesarias para mejorar la Administración de Justicia, entre otras funciones.
