El Senado va a pagar 330.990,9 euros a 30 senadores por haberse quedado sin escaño con el cambio de legislatura, una indemnización por cese que tienen derecho a pedir los parlamentarios que pierden el escaño y no tienen otro sueldo, pensión o retribución de cualquier tipo pública o privada. A la mayoría de ellos le corresponden en total 8.945,7 euros.
Entre los beneficiarios está la ciudarrealeña Cristina Molina (PP) y la albaceteña Manuela Galiano (PSOE).
Se trata de una especie de paro para los parlamentarios, que no tienen derecho a una prestación por desempleo y pueden solicitar esta paga. Se cobra mes a mes y se suspende en el momento en que quien la recibe tiene otro ingreso.
La normativa establece que la indemnización equivaldrá a un mes del sueldo base (2.981,9 euros) por cada año que se ha permanecido en las Cortes Generales, o periodo de al menos seis meses, y hasta un límite de 24 mensualidades. Ese sueldo base es lo que se denomina asignación constitucional, una cuantía que cobran por igual todos los senadores al margen de complementos.
La mayoría de estos senadores perdió el escaño definitivamente el 28 de abril, cuando en las elecciones generales otros candidatos fueron elegidos para el cargo; la excepción son dos senadores andaluces, designados por el Parlamento autonómico, que dejaron el puesto en febrero.
A esta lista es posible que se sumen en las próximas semanas algunos senadores autonómicos cuyos cargos tienen que ser renovados tras las elecciones de mayo en 12 comunidades. Los que pierdan el escaño y no tengan otros ingresos, podrán cobrar también esta indemnización mensual.
EL MÁXIMO, DOCE MENSUALIDADES
Según los datos recogidos por Europa Press del Portal de Transparencia del Senado, el senador con derecho a una indemnización más alta es el socialista José Caballos, que puede cobrarla durante doce mensualidades (35.782,8 euros en total).
A otros dos les corresponde recibirla durante siete meses, 20.873,3 euros en total cada uno de ellos: el ‘popular’ Juan Represa y el regionalista navarro Patxi Yanguas. Una más, María Eugenia Iparragirre, del PNV, puede cobrar durante seis mess (17.891,4 euros en suma) y la ‘popular’ María Rosario Soto, 11.927,6 euros que equivalen a cuatro mensualidades.
El grueso de los beneficiarios, 25 en total, tiene derecho a cobrar tres mensualidades por los tres años que ha permanecido en el escaño, en total cada uno 8.945,7 euros.
Entre ellos hay 16 senadores del PP que han solicitado esta indemnización: María José Alba, María Teresa Antoñanzas, Raquel Clemente, Miguel Ángel Estevan, Laureano León, Marta Lucio, Manuel Marmolejo, María Esther Merino, Cristina Molina, Amparo Monroy, Esther Muñoz, Arturo Pascual, Mari Carmen Pobo, Cristina Sanz, Nuria Simón y María Teresa Tortonda.
En la misma situación están otros tres senadores del PSOE, David Delgado, Manuela Galiano y David Lucas; otro de Podemos, Iñaki Bernal, y una ex de Podemos, Elvira García; la senadora de Foro Asturias, Rosa Mari Domínguez de Posada, la de Nueva Canarias, María José López Santana y otro más de Agrupación Herreña Independiente, Pablo Rodríguez Cejas.
En la lista figura también el senador de Compromís Carles Mulet, que también tiene derecho a cobrar tres mensualidades (2.981,9 euros al mesa) y solicitó recibir esta indemnización, pero Mulet ha vuelto al escaño este mes de junio porque de nuevo ha sido elegido senador por designación de las Cortes Valencianas y al recuperar el sueldo, se suspende el cobro de esa indemnización.
DOS INDEMNIZACIONES SEGUIDAS
Este senador como todos los demás ha podido solicitar esta indemnización por cese con efectos desde el 28 de abril, que fue el día que se celebraron las elecciones y que se confirmó que perdían el escaño. Pero no es su único ingreso por perder el cargo.
Todos ellos habían sido cesados como senadores desde que el 4 de marzo se disolvieron las Cortes por la convocatoria electoral. Desde aquel momento dejaron de ingresar el sueldo mensual, pero cobraron lo que se llama indemnización de transición, una paga de 8.822,52 euros por los 54 días que transcurren sin retribución entre esa disolución de las Cortes y las elecciones.
Ambas indemnizaciones son compatibles y se pueden cobrar sucesivamente, porque una es previa a las elecciones y otra es posterior, funciona como una especie de paro para los parlamentarios porque no tienen derecho a esa prestación.
SUELDO SIN ACTIVIDAD
Los senadores que fueron elegidos el pasado 28 de abril comenzaron a generar sueldo la misma noche electoral, aunque desde entonces no han tenido ninguna actividad porque se está a la espera de la formación de Gobierno. Sólo se han celebrado seis reuniones de la Mesa, formada por siete senadores con el socialista Manuel Cruz a la cabeza, y otras dos de la Junta de Portavoces.
No se ha puesto en marcha ninguna comisión ni está constituida la Diputación Permanente, que es el órgano que da continuidad al Senado en vacaciones (o cuando están disueltas las Cortes). Según ha anunciado la presidencia, la Diputación se constituirá el 24 de julio, después del debate de investidura de Pedro Sánchez, y las comisiones, el 31.
Al no haber comisiones, no hay designados todavía portavoces de área ni miembros de las Mesas que dirigen estos órganos parlamentarios. Todos estos cargos tienen un complemento mensual que no se está por tanto cobrando. El sueldo mientras tanto de un senador raso de fuera de Madrid es de 4.901,53 euros y el de los de la capital, de 3.897,37 euros. La diferencia es el complemento para gastos, de 915,47 euros para los senadores por Madrid y de 1.919,63 para los de fuera.
Los miembros de la Mesa, los portavoces y los portavoces adjuntos de los grupos sí están recibiendo el complemento que les corresponde por estos puestos. El presidente del Senado ingresa 11.000 euros al mes, los dos vicepresidentes cobran 7.173,51 cada uno y los cuatro secretarios, respectivamente, 6.656,54, sueldo al que se suma el citado complemento para gastos. En cuanto a los portavoces, ingresan al mes 5.812 euros y los adjuntos, 5.193,54 euros, también sin añadir ese plus por gastos.
