El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a propuesta de la ONG Equalia, ha registrado una Proposición no de Ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para que inicie los trámites para elaborar la correspondiente normativa legal para la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos de Castilla-La Mancha.
De esta manera, garantizarán, según han informado en una nota, la protección de los animales y las normativas de seguridad alimentaria, y serán un complemento en la función de control de los servicios veterinarios oficiales.
Equalia inició a finales de 2018 la campaña Derecho de Información para pedir la instalación progresiva obligatoria de cámaras de vigilancia en todos los mataderos españoles, con el objeto de garantizar de manera efectiva y rigurosa el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y seguridad alimentaria.
Durante este tiempo, la ONG ha publicado cinco investigaciones en cinco mataderos diferentes, que desvelaron, según la nota, «una violencia hacia los animales y una vulneración de la normativa relativa a la seguridad alimentaria: ovejas golpeadas, pateadas, degolladas sin aturdimiento, una vaca colgada mientras un operario cortaba sus patas cuando aún estaba consciente, un trabajador orinando en los corrales donde alojan a los animales o corderos entrando en la cadena sin ser aptos para su consumo».
El vídeo presentado por la ONG Equalia del matadero de Caudete (Albacete), evidencia esta necesidad: corderos desangrados sin ser aturdidos, vacas golpeadas con un palo y con la puerta que da acceso a la zona de aturdimiento. Debido a la antigüedad de las instalaciones un caballo es conducido al box de aturdimiento, demasiado pequeño para el tamaño del animal, de modo que ha de ser inmovilizado atándolo a los hierros de la misma estructura. El animal, que es acuchillado por el operario en varias ocasiones, agoniza durante casi tres minutos antes de morir.
Esta ONG ha arrojado luz a una problemática desconocida, ante la cual aporta una solución: cámaras de vigilancia en mataderos, tal y como ya existe por ley en países como Inglaterra, Escocia o Israel, y en consonancia con la creciente demanda de la ciudadanía de conocer la procedencia de aquellos productos que consume.
Prueba del gran apoyo obtenido se encuentra en la adhesión a la propuesta de grupos de interés, como el sindicato Comisiones Obreras a nivel nacional o FACUA Castilla y León. Incluso la industria cárnica, a través de ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España), solicita a la administración la instalación de cámaras de vigilancia, sin duda una propuesta de modernización y mayor transparencia de la industria cárnica.
El gigante cárnico El Pozo Alimentación ya se ha adherido a la iniciativa, y empresas como Carrefour ya piden a todos sus proveedores de marca propia y Calidad y Origen la instalación de cámaras.
Para facilitar esta tarea, la ONG ha elaborado un protocolo de acción, junto a veterinarios de la industria cárnica, con especial interés en las tres medidas clave: implementación de cámaras en todas las zonas de manipulación de animales vivos, almacenamiento de las imágenes durante un mes, en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y visionado de las mismas por parte del operador del matadero y del Servicio Veterinario Oficial de la comunidad autónoma.
Tras haber presentado la iniciativa a todos los grupos parlamentarios de Castilla La Mancha, la propuesta de la ONG es registrada para la tramitación de circuitos cerrados de televisión, como complemento a la función de control de los servicios veterinarios oficiales.
Equalia sigue trabajando a nivel autonómico en doce comunidades autónomas. La comunidad de Castilla La Mancha es la novena que registra una propuesta de esta índole: PSOE en Castilla y León ya registró la propuesta no de ley en Octubre de 2019, para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
En noviembre, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana presentaron mociones con las mismas características.
En las últimas semanas, la iniciativa quedó registrada en la Asamblea de Madrid, Murcia, Asturias y Canarias. Además, se ha aprobado en firme, por unanimidad, en los parlamentos de Navarra y La Rioja.
