El sindicato CSIF, mayoritario en la mesa de negociación de prisiones, ha logrado el compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos de este colectivo, así como para reforzar las plantillas, por lo que abandonado su encierro.
Grande-Marlaska se ha comprometido en el pleno de control del Congreso de los Diputados, donde se ha referido al encierro que han mantenido los delegados sindicales durante 23 días en la sede de Instituciones Penitenciarias.
CSIF, que agradece la voluntad de diálogo del nuevo equipo ministerial, cuenta con el compromiso por escrito del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, de negociar un acuerdo salarial, según han dado a conocer hoy en un comunicado.
Los funcionarios de CSIF encerrados en la secretaria general de Instituciones Penitenciarias desde el pasado 29 de mayo han decidido abandonar esta medida de presión tras abrirse una vía de diálogo Interior, un encierro en el que han participado funcionarios de todas las prisiones de Castilla-La Mancha.
Un grupo de trabajo de retribuciones
Interior se ha comprometido a convocar la próxima semana a todas las organizaciones sindicales y se creará un grupo de trabajo de retribuciones, presidido por el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias. Asimismo, CSIF también ha logrado que el Congreso tome en consideración la proposición de ley de reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, con el objetivo de incrementar su protección ante los casos de agresiones por parte de los reclusos.
Esta reforma implicaría que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrenten a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel. CSIF se felicita de esta iniciativa, fruto de nuestras reivindicaciones, desde la cautela hasta conocer la redacción definitiva del texto que apruebe el Congreso.
Más de 2.200 agresiones
En los últimos seis años, se han registrado más de 2.200 agresiones en centros penitenciarios. Por eso, CSIF subraya la necesidad de una modificación normativa para los funcionarios cuenten con este reconocimiento, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la región, la última agresión se produjo el pasado fin de semana en Herrera de la Mancha cuando dos funcionarios resultaron heridos de consideración.
Esta iniciativa, promovida por CSIF, da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017. La reforma pretende reconocer de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docentes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.
Según datos oficiales, actualmente el personal que integra la institución penitenciaria asciende a más de 23.000 personas, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los centros penitenciarios y centros de inserción social.
