La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el clima de hostilidad que se está generando hacia el colectivo de funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ante el retraso que se está produciendo en la totalidad el pago de prestaciones que sufren los ciudadanos, especialmente en los inmersos en ERTE.
No en vano, y para ejemplificar la increíble carga de trabajo a la que se ven sometidos los empleados del SEPE en Castilla-La Mancha, se ha incrementado un 451% el número de expedientes individuales de prestación recibidos durante el mes de abril en comparación con el mismo mes del pasado año; se ha pasado de 24.491 solicitudes en 2019 a las 135.076 recibidas el pasado mes dentro de una situación que deja al límite a los 256 funcionarios de este organismo en la región.
Por provincias, en Toledo, con 80 funcionarios, se han incrementado los expedientes individuales de prestación un 518% con 50.019 solicitudes en abril; el incremento en Guadalajara, que cuenta con 36 funcionarios, ha sido de un 603% con un total de 20.326 expedientes; los 56 funcionarios de Albacete han hecho frente a 27.066 expedientes, un 416% más que en abril de 2019; la subida en Ciudad Real, con 60 efectivos, ha sido de un 283% hasta colocarse en 25.170 solicitudes; en Cuenca se contabilizaron 12.495 expedientes, un 631% más que en abril de 2019 con una plantilla de 24 funcionarios.
Tal es la situación que se han empezado a producir episodios puntuales de acoso a personal funcionario a la entrada de las oficinas del SEPE por parte de algunas personas que expresan así su profundo malestar y frustración.
Ante esta realidad, CSIF reclama al Gobierno el refuerzo de las plantillas de manera estructural y permanente, como ha venido denunciando desde la crisis de 2008, porque las incorporaciones de personal interino no son la solución al grave problema de gestión que acarrea desde hace ya varios años y, con más motivo, desde la crisis anteriormente referida.
Alrededor del 20% por ciento de los expedientes de ERTE y de otras medidas excepcionales puestas en marcha por este Gobierno con motivo de la pandemia no se han podido tramitar todavía, pese a la labor que realizan sus plantillas desde el comienzo de la crisis, tanto en las propias oficinas como en sus domicilios, trabajando a doble turno y siete días a la semana, incluidos festivos, al objeto de poder atender las necesidades de miles de personas que se encuentran en una situación tan dramática.
Las oficinas están cerradas desde que comenzó la crisis económica y se atiende de manera telemática a los usuarios. Pero ante la ingente cantidad diaria de consultas el sistema está colapsado, dado que está diseñado para gestionar un número máximo de llamadas y cada día hay cientos de miles de desempleados llamando al mismo tiempo.
Además, CSIF solicita de manera perentoria garantías de seguridad ante la apertura de las oficinas del SEPE a los usuarios, no solo en lo que respecta a las sanitarias, muchas de estas unidades no cuentan con servicio de vigilancia al ser competencia de las comunidades autónomas.
Sin estas premisas, la plantilla del SEPE se opone frontalmente a los planes de apertura de las oficinas a partir de la fase 2 de la desescalada y exige que dicha apertura sea consensuada con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Se insta desde CSIF a que se produzca de manera homogénea, al mismo tiempo en todos los territorios, y cuando este organismo esté en disposición de acometer lo que sin duda será una auténtica avalancha de público.
En base a las exigencias de la Central Sindical, el SEPE nos traslada que no se procederá a la apertura de las oficinas de prestaciones en la fecha indicada, poniendo desde esa parte los medios para garantizar la seguridad en todos los órdenes y nunca antes de estabilizar el abono de las prestaciones pendientes de trámite y abono al conjunto de desempleados que todavía no ha habido posibilidad de tramitar.
