La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige el pago inmediato del complemento de los maestros en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), maestros en Centros de Educación Permanente de Adultos, maestros de Aulas Hospitalarias y maestros en Centros Penitenciarios, lo que permitiría recuperar una retribución sustraída por el anterior Ejecutivo autonómico en 2012 y que afecta a más de 600 docentes en la región.
El Consejero de Educación, Ángel Felpeto, anunció el pasado 24 de enero el pago de este complemento, pero CSIF lamenta la desagradable sorpresa presentada en la Mesa Sectorial de febrero, que anunció que la retribución se llevará a cabo a partir de septiembre y sólo a los docentes que trabajan en institutos olvidándose del resto de colectivos antes mencionados.
La Central Sindical reclama que este pago se debe hacer efectivo ya, y no sólo con la cantidad económica que plantea la Junta de Comunidades, 105 euros al mes, sino con la percepción económica de 2012 -120 euros-, a lo que habría que añadir los incrementos salariales de los últimos años.
Más impagos
Pero los incumplimientos en materia económica del Gobierno regional también se extienden a los miembros de los tribunales de oposición que desarrollaron su trabajo durante junio-julio de 2018. El pasado mes de febrero se anunció su inminente pago, pero no se incluyó en la nómina de febrero, ni en la de marzo. La situación se ha agravado cuando algunos tribunales han tenido que resolver con urgencia recursos de alzada de los opositores en los meses de enero y febrero de este año, y para ello sus miembros se han reunido los fines de semana poniendo de su bolsillo los gastos de transporte ocasionados, además de su tiempo.
Además, la Consejería de Educación todavía no ha ingresado en las cuentas de colegios e institutos la parte correspondiente a los gastos de funcionamiento de los centros correspondientes a lo que va de año, y ya es un trimestre. Así los equipos directivos, especialmente los secretarios de los centros,tienen que recurrir a la disminución de gastos y a alargar los pagos a proveedores para mantener unos criterios mínimos de calidad.
