La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el primer sindicato de la Función Pública en la comunidad autónoma y con presencia creciente en la empresa privada, con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, pone en valor el papel que desempeñan los servicios públicos en el desarrollo y progreso de la región.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, subraya que los empleados públicos de la región, donde hay más de 145.000 efectivos, son “la columna vertebral de nuestra tierra, facilitan el acceso a derechos básicos y promueven la equidad, la cohesión social y nuestra sociedad del bienestar”, además de ser un enorme motor de riqueza con un impacto significativo en la economía de la comunidad autónoma (8.820 millones de euros en el PIB de la región en 2022).
En este sentido, desde CSIF se pone el punto de mira no sólo en reforzar los servicios públicos, sino en frenar su deterioro y abordar el fin de los recortes. La temporalidad (el 42% del total de empleados públicos de la región es personal temporal); la pérdida retributiva, superior al 20% desde 2010; los derechos congelados en sanidad, como la carrera profesional; la falta de cobertura de plazas entre personal laboral y funcionario de la Junta; las ratios, horario lectivo, interinidades y burocracia del profesorado, o las plantillas escasas en las administraciones locales son algunos de los problemas más generales a los que se enfrenta la Función Pública en la región.
Domínguez añade que “no basta con aplausos y felicitaciones a la labor que desarrollan los empleados públicos, es obligatorio cumplir con hechos, y por ello le pedimos al Gobierno regional que cumpla con sus promesas, que de una vez por todas afronte la recuperación de derechos perdidos. Somos una comunidad autónoma con enormes posibilidades, pero para alcanzar nuestro verdadero potencial, es esencial que el Gobierno regional invierta de manera adecuada en nuestros servicios públicos y en los empleados que los sostienen”.
Asimismo, desde CSIF también se subrayan los desafíos a los que se enfrenta la sociedad castellanomanchega, entre los que destaca el hecho de que uno de cada tres castellano-manchegos se encuentre en riesgo de pobreza o exclusión social; salarios y pensiones alejados muy alejados de otros territorios y de la media nacional, con una inflación elevadísima, siendo Castilla-La Mancha la comunidad autónoma con el IPC más alto de toda España durante los años 2021 y 2022; la inestabilidad y precariedad del mercado laboral, donde las mujeres representan el 60% de la contratación temporal y aglutinan el 71% del total de jornadas parciales, además de una brecha salarial que se sitúa en el 19% y de una siniestralidad disparada.
En este sentido, Domínguez concluye que “la recuperación de derechos, la mejora de las condiciones laborales y la lucha contra la precariedad no son sólo demandas justas, sino requisitos fundamentales para el desarrollo equitativo de nuestra región. Sólo así podremos construir una sociedad más próspera, justa e inclusiva”.
