La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, lamenta las declaraciones de la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que esta mañana ha acusado a CSIF de mentir sobre los recortes que padecen los empleados públicos de la comunidad autónoma.
Por exponer algunos casos de recortes hacia los servicios públicos, CSIF señala el bloqueo que existió hasta diciembre para afrontar nuevas incorporaciones en el Sescam por motivos presupuestarios. No se cubrieron la totalidad de las bajas, vacantes, vacaciones o permisos generando graves problemas, con plantillas superadas y dilación en los tiempos de atención asistencial.
Pero esta situación persiste no sólo en sanidad, sino que también hay restricciones en la incorporación de personal en escuelas infantiles, centros educativos y centros dependientes de Bienestar Social, como las residencias de mayores.
Precisamente en la Administración General de la Comunidad Autónoma hay puestos que se quedan desiertos en los diferentes concursos y formas de provisión, y que se desdotan presupuestariamente; es decir, ya no se cubren.
Y por delante, una Ley de la Simplificación Administrativa que supondrá la privatización de los servicios públicos de la región.
La temporalidad, otra forma de precariedad laboral, también es un enorme mal en la Función Pública de la región. Los últimos datos del Boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas, relativos a julio de 2024, muestran que el 38,8% de trabajadores públicos de la región son temporales: más de 20.900 trabajadores de administraciones locales, más de 18.800 profesionales de ámbitos sanitarios o más de 10.300 docentes interinos.
En cuando a derechos, continuamos con la carrera profesional paralizada en el Sescam siendo la única comunidad autónoma que tiene este derecho congelado; en Educación, sólo cobran el verano los interinos a los que se les adjudique, durante el mes de septiembre y octubre, una plaza para todo el curso.
Continuamos con la ausencia del Plan de Acción Social. Lo eliminó Cospedal y García-Page no quiere ni escuchar de él. Este Plan de Acción Social, instaurado en 1988, comprendía ayudas para los gastos en guardería, comedor escolar, enfermedades o discapacidades de los hijos, adopciones, natalidad, prótesis médicas, emergencia social, mujeres víctimas de violencia de género o incluso accidentes graves o sepelios.
Era un sistema basado en un criterio igualitario y redistributivo entre los trabajadores, ya que no se basaba en el puesto o categoría del beneficiario, sino en su nivel de necesidad. Contrariamente a lo que se puede pensar, en nuestra Administración hay categorías con salarios bajos a los que este Plan de Acción Social podía salvar de una situación delicada. No en vano, era como un seguro para aquellos que más lo necesitaban.
Y precisamente sobre salarios, los empleados públicos de Castilla-La Mancha arrastran una pérdida retributiva superior al 20% desde 2010. El Gobierno regional subió en 2019 un 0,5%; el resto ha sido de obligado cumplimiento por acuerdos nacionales, por lo que es necesaria la convocatoria de una Mesa General de Función Pública para abordar una subida salarial en la región.
Los recortes, diga lo que diga el Gobierno regional, persisten. Los instauró Cospedal y los mantiene García-Page.
FALTA DE DIÁLOGO
Padilla ha señalado que la comunicación del Gobierno regional con los sindicatos, incluido CSIF, «es permanente y continua», algo que en el caso de la Central Sindical es falso y por supuesto no está en nuestro espíritu presionar de ninguna forma para llevar a cabo un encuentro con el presidente: sólo nos mueve, desde nuestro papel como agente social, trabajar por los servicios públicos, acabar con las desigualdades, proteger a los colectivos más vulnerables y ayudar en el desarrollo de nuestra tierra.
Sobre la se alusión llevada a cabo por Padilla de que García-Page se reunirá con CSIF cuando «la agenda lo permita»; el sindicato lamenta que desde la composición de la nueva Ejecutiva de CSIF Castila-La Mancha, en abril de 2024, la agenda no haya permitido un encuentro entre ambas partes.
