La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un frente común a UGT y a CCOO para organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno se siente de una vez a negociar la subida salarial de este año y abone el 0,5 por ciento pendiente correspondiente a 2024.
Además, CSIF propondrá a los Grupos Parlamentarios impulsar una Proposición de Ley para que los salarios de las empleadas y empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como ya ocurre con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.
La situación es muy grave. Ya estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5 por ciento que debe desde 2024; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. En total, calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados/as públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.
CSIF considera que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar. Próximamente, realizarán una petición formal al presidente del Gobierno ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López.
Las administraciones incumplen la Ley de Estabilidad
Por otra parte, afirman que la temporalidad en las Administraciones Públicas se estanca en el 30 por ciento superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021, según datos extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) procedentes del Boletín Estadístico de Empleados Públicos y la Encuesta de Población Activa (EPA).
Estos porcentajes de temporalidad del 30 por ciento están muy lejos del límite del 8 por ciento de interinidad acordado con Bruselas y recogido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que fijaba un límite del 8 por ciento con fecha de 31 de diciembre de 2024. Este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria, tal y como ha informado el Ministerio de Función Pública.
Para CSIF, la temporalidad del 30 por ciento evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021, cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad en todas las administraciones públicas. Los datos del Ministerio de Función Pública consultados por CSIF recogen que en los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (en concreto, el 32,7 por ciento).
Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
Pero este porcentaje es incluso mucho peor en Castilla-La Mancha: los últimos datos del Boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas, relativos a julio de 2024, muestran que el 39,8% de trabajadores públicos de la región son temporales: más de 20.900 trabajadores de administraciones locales, más de 18.800 profesionales de ámbitos sanitarios o más de 10.300 docentes interinos.
Además, CSIF afirma que ante la parálisis que considera que sufre el Gobierno, ellos reclaman: la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial, así como la adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.
