La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la regulación del teletrabajo de sus empleados públicos y su implantación de manera definitiva.
CSIF invita al Gobierno regional a que tome como ejemplo el acuerdo alcanzado por el sindicato con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la Administración General del Estado (AGE) que permite cuatro días de teletrabajo y uno presencial para el personal que está al cuidado de menores de 14 años, personas dependientes y aquellos profesionales con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus. Asimismo, con carácter general, contempla una jornada de teletrabajo semanal para todo el personal independientemente de sus circunstancias.
El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, avanza que “la Junta de Comunidades llega tarde en el teletrabajo, pero tiene la oportunidad de enmendar una mala gestión durante la crisis sanitaria siguiente el modelo pionero que se va a implantar en AGE”.
En este sentido, Sánchez recuerda que el sindicato presentó el pasado mes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo un recurso contra la Resolución de la Dirección General de Función Pública sobre Medidas Organizativas y de Riesgos Laborales para la Reincorporación Presencial del Personal del 10 de mayo de 2020, al considerar que la Administración regional vulneraba derechos fundamental forzando la vuelta al trabajo presencial.
Por vía judicial, CSIF interpuso la semana pasada una demanda por derechos fundamentales contra la instrucción de vacaciones ante la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la cual obliga a disfrutar de la totalidad de sus vacaciones antes del 15 de septiembre. Hoy mismo el sindicato ha formulado una reclamación ante la Comisión Paritaria del VIII Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Comunidades, el cual establece que el periodo de disfrute de vacaciones es flexible durante todo el año.
A ello se suma que el sindicato se veía obligado a denunciar públicamente el 8 de junio a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por incorporar presencialmente a sus puestos de trabajo a personal encuadrado dentro del colectivo definido como vulnerable, entre los que se encuentran personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazadas y mayores de 60 años.
Con todo, Sánchez apostilla que “la Junta no ha apostado por el teletrabajo. Debe hacerlo por la seguridad de sus trabajadores, como una medida de conciliación, como prevención ante posibles futuras oleadas de coronavirus y porque es sencillamente el futuro”.
