El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha expuesto algunas de las reivindicaciones del cuerpo en la Comunidad Autónoma, apuntando como ejemplos a la necesidad de crear una nueva sección en Illescas o la falta de personal, sobre todo en las provincias de Albacete y Toledo.
En rueda de prensa previa a presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2021 en el Parlamento castellanomanchego, Fernández ha abundado en que la evolución de la plantilla judicial «no va acompañada de los incrementos poblacionales» que registran las provincias de la región.
Así, ha indicado que el incremento de plantilla requerido en el Ministerio Fiscal pasaba por ampliar en, como mínimo, dos fiscales más las secciones de Albacete, Toledo y Ciudad Real; si bien ya se ganaron dos puestos en Ciudad Real y la sección de Manzanares en 2019.
«Entendemos que hay dificultades presupuestarias de todo tipo pero somos una región muy extensa, y entendemos que en sucesivas ampliaciones de plantilla deberíamos tener acceso al menos a más plazas en Albacete y Toledo», ha señalado.
Sobre la necesidad de ampliar con una sección en Illescas, ha recordado que es una reclamación «de hace diez o quince años», y el entorno de esa población «debería merecer una sección territorial», teniendo en cuenta que «absorbe un gran número de hechos delictivos cercanos a la Comunidad de Madrid, con una delincuencia particular, que se parece más a la madrileña».
RETRASOS Y SUSPENSIONES, PRINCIPALES PREOCUPACIONES
Emilio Fernández ha subrayado otras dos preocupaciones, empezando por la alta tasa de suspensión de juicios, cercana al 40% del total de los señalados, «casi uno de cada dos», algo que «produce una quiebra del buen funcionamiento» de la justicia por «causas variadas, desde enfermedades de letrados hasta enfermedades de testigos».
A esto ha sumado las suspensiones que se producen «por defectos en las citaciones», por lo que «hay que profundizar» para superar estos extremos, ya que «se va generando una bolsa de señalamientos, una especie de rueda que dilata la tramitación de los juicios» y provoca que se estén afrontando procesos «de hechos ocurridos hace 10 años».
«Entendemos que esto produce una insatisfacción en la sociedad que nuestro sistema judicial no debe permitir. Puede haber retrasos y a veces falta de medios, pero también estos juicios se suspenden con independencia de todo lo anterior, y eso nos preocupa mucho», ha añadido.
SE RECUPERAN LOS NIVELES PREPANDEMIA
El fiscal ha precisado que después del descenso de actividad motivado por la pandmeia, ya se han recuperado unas cifras similares a lo que ocurría antes de la pandemia, salvo en el caso de delitos de violencia de género, que ha visto disminuir la tasa debido a que precisamente en confinamiento se dispararon los casoos.
Así, se recuperan cifran «en nivel de actividad judicial, de procedimientos, de sentencias y de recursos en todos los órdenes jurisdiccionales».
Con todo, las cinco fiscalías provinciales de la región y las secciones de Manzanares, Ocaña y Talavera de la Reina «funcionan a pleno rendimiento» y «procuran despachar los asuntos en plazo», y eso a pesar de la reducción de personal en la Fiscalía autonómica, que perdió una plaza para quedarse en tres, lo que obliga a «repartir más los asuntos». «Pero lo hemos absorbido bien».
«No hay retrasos y el trabajo que entra sale», ha dicho Fernández, quien ha reparado además en que se están llevando a cabo inspecciones en las fiscalías provinciales que revelan un «elevado porcentaje de asentimiento en órganos jurisdiccionales».
UCRANIA, MENORES Y DELITOS CIBERNÉTICOS, MÁS PREOCUPACIONES
Emilio Fernández ha querido poner el acento en el trabajo al alza motivado por la llegada de refugiados de la guerra de Ucrania, que ha provocado estar más atentos a posibles casos de trata o sustracción de menores.
En otro orden de cosas, ha celebrado la creación de la nueva figura delictiva que pasa por la creación de perfiles falsos en redes sociales para coaccionar, injuriar o estafar, también a menores.
Ha querido poner el foco en la gran cantidad de delitos contra la integridad sexual, sobre todo de menores y dentro del ámbito familiar.
