El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tachado de «insultante» la aprobación del Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que atañe al reparto obligatorio de menores migrantes, y ha avisado al Ejecutivo central que desde la región serán «solidarios» en este ámbito pero no «tontos».
Desde Mira (Cuenca), a preguntas de los medios en el marco de la Comisión de Coordinación para la recuperación de esta localidad tras la dana, ha señalado que esta legislación «es cualquier cosa menos progresista». «Es bastante insultante que nos amanezcamos un día con una ley aprobada, sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas».
En este punto, pactar sobre este asunto con Junts –«una personalidad claramente supremacista e identitaria»–, significa que «no puede acabar nunca bien» ni a medio ni a largo plazo y, por consiguiente, «se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado».
Por este camino, tal y como ha afeado, le cuesta creer que «algo salga enderezado» en la gestión de menores migrantes, más bien «será muy torcido y muy retorcido», puesto que hay «leyes que se legislan que son incumplibles». «El mismo gobierno que es responsable de que entren ilegalmente personas de fuera de España no puede desentenderse de lo que pase y menos aún con los menores».
Tras remarcar que su Gobierno está estudiando el decreto ley, ha rechazado «lecciones de solidaridad» de los que pactan «con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como Puigdemont».
Criticando que el Gobierno nacional no tiene política de emigración, ha señalado que la gestión en esta materia del Ejecutivo se basa «en parches sobre la marcha». «Le recuerdo que hace escasamente unas semanas padecimos también por la espalda el intento de hacer un campamento al estilo Meloni en el aeropuerto de Ciudad Real. Son los mismos responsables».
«Por supuesto que vamos a ser solidarios. Es más, queremos ser solidarios. Incluso hemos manifestado al Gobierno de Canarias que estamos dispuestos a hacerlo bilateralmente, las plazas disponibles ponerlas a disposición de Canarias», ha remarcado.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, según García-Page, irá viendo paso a paso y no puede adelantar si plantearán un recurso a este decreto ley, y ha rechazado admitir «ningún tipo de reproche».
En este punto, ha lamentado que hay un «tufillo» de que «se va a utilizar a los emigrantes y a los menores como arma arrojadiza entre unos y otros en España», lo cual ha tildado como «absolutamente patético».
