La Diputación de Alicante ha presentado este lunes el recurso de reposición contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que el pasado julio rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del Tajo, solicitada por la institución provincial por los «perjuicios económicos, sociales y medioambientales que esta decisión del Gobierno central está teniendo sobre los intereses de la provincia».
En el escrito interpuesto por los Servicios Jurídicos provinciales ante la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo que dictó el auto, argumentan que esta decisión judicial «vulnera la labor ponderadora que debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas cautelares», según ha indicado la institución provincial en un comunicado. En este sentido, ha añadido que la solicitud de medidas cautelares respondía a una «razón de indudable urgencia y no causaba un daño correlativo en la cuenca cedente».
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha admitido que son «conscientes de que es muy difícil que este recurso prospere», pero ha precisado que desde la Diputación de Alicante van a «agotar todas las vías posibles». Pérez ha asegurado que desde la Diputación «no vamos a escatimar ningún esfuerzo para defender los intereses de la provincia de Alicante que, entre otras cosas, pasan por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura que es vital para esta tierra y para su futuro», ha defendido.
Para la Diputación de Alicante, según se recoge en el recurso, el auto impugnado se apoya en una serie de razonamientos que se consideran «contrarios a derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Supremo». En concreto, ha señalado que la suspensión cautelar solicitada «no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica, puesto que solo afecta a la inmediata entrada en vigor del incremento de caudales ecológicos de 6 a 7 m3/s».
«La medida cautelar en modo alguno afecta ni condiciona al resto de regulaciones de las distintas demarcaciones geográficas contenidas en el Real Decreto y tampoco impide la fijación de caudales ecológicos, sino que simplemente discute que se haya determinado en un caudal, a nuestro juicio, a todas luces excesivo, injustificado y que provoca perjuicios notables en la cuenca receptora», recoge el escrito de apelación de la Diputación de Alicante.
Igualmente, Pérez ha argumentado que ha quedado «acreditado mediante numerosos informes técnicos que no hay una justificación mínimamente solvente que avale la cantidad fijada para el incremento del caudal ecológico, mientras que el daño para la cuenca receptora resultaba palmario y de gran alcance». Al respecto, los citados informes apuntan que la elevación de 1m/s del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de merma en destino, provocando» pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros», según datos de la Diputación.
«Perjuicios no fácilmente reparables»
Finalmente, en esa línea, el recurso de reposición incide en que estos «perjuicios», dado su diversa y amplia proyección socioeconómica y medioambiental, «no son fácilmente reparables». De este modo, considera que la no adopción de la suspensión cautelar «dificulta de manera notable la efectividad del fallo». Pérez ha señalado que todo ello en tanto en cuanto las medidas reparadoras o compensadoras previstas en el Real Decreto, amén de su incierta aplicación, se dilatarían en el tiempo por la propia tramitación administrativa, haciéndolas ineficaces».
Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha criticado la posición «totalmente arbitraria y sesgada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos últimos años en relación con el trasvase Tajo-Segura, condenando a muerte una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas».
