La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha lamentado este martes el abandono del sistema sanitario público y del Ministerio de Sanidad a tenor de un informe presentado por este a las comunidades autónomas en las que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión.
En el citado documento, el Ministerio de Sanidad reconoce, según la asociación las dificultades del sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las comunidades autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. “La inconsistencia de los datos así obtenidos es tal que el propio Ministerio concluye que difícilmente puedan ser objeto de difusión”, sostienen n los directores.
En este documento, con resumen de datos hasta el 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por COVID, en 9.830 se detectó sintomatología COVID pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas. En el mismo documento, se especifica que el número total de centros sobre los que se comunica su intervención, fue de 391 (5%) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.
Los directores de Servicios Sociales sostienen que en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, hay “fechas incoherentes en el envío de la información, informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención, informes con ausencias de datos respecto de las causas de fallecimiento de residentes, errores en la suma de residentes en centros intervenidos, discrepancia de datos evolutivos… Incluso una comunidad no ha enviado los datos ni una sola vez”.
El informe llega a reconocer, según el colectivo, que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos y que algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo (dos comunidades solo notificaron una vez los datos).
Según la entidad, la información sobre el número de residentes encuadrados en cada una de las categorías que establecía la orden, así como sobre el número de fallecimientos debía ser registrada y proporcionada por los departamentos de sanidad de las comunidades autónomas y los criterios para el triaje debían ser inequívocas para que pudieran ser “mínimamente fiables”.
“No es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos y, en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos”, ha indicado el colectivo.
Además, el Ministerio reconoce lo “poco amigable de la plataforma para el registro, la dificultad de acceso y la ausencia de depuración de datos” por el sistema de información. “Todo ello ha producido una información de escasa fiabilidad evidenciada en lagunas de ausencia de datos, errores en las sumas en centros intervenidos y graves discrepancias entre cifras y en los datos evolutivos. Entre ellas, la más destacada, la de fallecimientos totales comparada con otras fuentes: 27.359 vs 32.843”.
A tenor de este informe, el colectivo estima que los centros residenciales de los servicios sociales “no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio ministerio de sanidad”.
Y creen incomprensible que, a estas alturas “todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada que permita la realización de estudios de los centros para poder poner en pie un relato objetivo y certero de lo que ha pasado”.
VEN URGENTE TOMAR MEDIDAS
Para ello ve “urgente e imprescindible” tomar medidas con carácter inmediato para prepararse para un rebrote como monitorizar los datos para implantar un Sistema de alerta temprana y seguimiento unificado para todo el Estado. “Es posible que se estén filtrando los datos, incluso manipulando, por los gobiernos autonómicos, por las empresas o entidades gestoras e incluso por las direcciones de los centros”.
Consideran necesario, además, realizar estudios de los centros para encontrar evidencias científicas de donde se han tomado decisiones que han protegido a los residentes, además de dotar de equipos de protección individual y realizar pruebas a residentes y personal.
Considera necesario establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria.
Asimismo, apuntan la posibilidad de medicalizar residencias, garantizar la atención sanitaria específica de todo tipo de centros residenciales de servicios sociales y establecer corredores seguros
y poder establecer los drenajes necesarios en las residencias para atender según gravedad en hospitales o en centros residenciales Covid con servicios coordinados de Servicios Sociales y Sanitarios a las personas que lo requieran.
