El Departamento que dirige Pilar Alegría, según han informado a Europa Press fuentes de este Ministerio, ha decidido paralizar la aprobación del decreto por «responsabilidad», al entender que es «más lógico» que lo saque adelante el nuevo Gobierno, sea el que sea.
El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha trasladado la decisión al secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, y a los rectores de las universidades españolas (CRUE) durante una reunión celebrada este miércoles.
Antes de finalizar la Legislatura, el Ministerio dejará «completamente terminada» la tramitación del real decreto de la nueva prueba de acceso a la Universidad, que en estos momentos se encuentra en la Oficina de Calidad Normativa y deberá pasar por el Consejo de Estado. Aunque el decreto estará listo antes de las elecciones, no pasará por el Consejo de Ministros, por lo que el nuevo Gobierno podrá disponer de él para aprobarlo cuando tome posesión.
La implantación del nuevo modelo de la prueba de acceso a la Universidad estaba prevista para el curso 2023-2024 para, tras un periodo de transitoriedad, estar definitivamente implantada en junio de 2028.
En el proyecto de real decreto por el que se regulan las características básicas de la prueba de acceso a la Universidad para el curso 2023-2024 y se establece el procedimiento de cálculo de la calificación de acceso, publicado el pasado mes de febrero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional eliminó la prueba de madurez y las preguntas tipo test que inicialmente tenía previstas para esta nueva prueba.
Asimismo, Educación aumentaba el tiempo de realización de los ejercicios en la nueva prueba, pasando de 90 minutos a 105 minutos, ya que, según justificaba el Departamento dirigido por Pilar Alegría, «se tiene en cuenta la lectura del ejercicio, su análisis y producción».
Otro de los cambios que incluye el proyecto de real decreto es que los alumnos, en el momento de matricularse a la prueba de acceso, elegirán entre examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. Además, en las comunidades con lengua cooficial se añade un examen de lengua propia.
A prueba la nueva EBAU
Con el objetivo de poner a prueba la nueva EBAU, el Ministerio realizó el pasado mes de marzo un prueba piloto en 50 centros de todas las comunidades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, a excepción de las gobernadas por el Partido Popular y Aragón y el País Vasco. Esta prueba piloto incluía ejercicios menos memorísticos que reflejan situaciones de la vida cotidiana.
Según las guías de corrección de los exámenes piloto de la nueva prueba de acceso a la Universidad, publicadas por Educación, la nueva EBAU descontaría 0,25 puntos por cada error ortográfico y las tildes contarían como media falta.
Así, en la guía correspondiente a la prueba de Lengua Castellana y Literatura, se indica que «la calificación de cada ejercicio será siempre 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 o 2,5 puntos, hasta un total de 10 puntos» y se especifica que se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico; las tildes serán consideradas como media falta, y todos los demás casos (mayúsculas, extranjerismos, signos de exclamación e interrogación) se computarán como una falta. Además, los errores repetidos solo descontarán una vez.
En la guía se propone que, cuando la respuesta del alumno sea mejorable o contenga errores, se califique con una puntuación de 0,25, por ejemplo, ante la pregunta de elaborar un texto expositivo-argumentativo, aunque la presentación no se ajuste «en absoluto al formato propuesto», tenga «una extensión inferior a la requerida», no se ajuste al tema o contenga «vocabulario inadecuado, insuficiente» y con «abundantes errores gramaticales».
En suma, la guía señala que «se tenderá a una valoración conjunta positiva siempre que el texto tenga unos mínimos de coherencia y cohesión, así como una cierta corrección expresiva».
El Ministerio de Educación descartó retrasar la nueva EBAU
A pesar de la petición de las universidades españolas de una moratoria de un año para realizar los nuevos exámenes, el Ministerio de Educación y Formación Profesional descartó retrasar un año la nueva EBAU, según informaron a Europa Press fuentes de este Departamento, que matizan que retrasar la nueva prueba «no es viable legalmente» porque está fijado en la Ley de Educación (LOMLOE).
Los responsables de las pruebas de acceso a la Universidad de las 17 comunidades autónomas advirtieron hace dos semanas de que es «inviable» realizar las nuevas pruebas de la EBAU para 2024 y exigieron al Ministerio de Educación y Formación Profesional una moratoria de un año, petición que el Departamento que dirige Pilar Alegría descartó rotundamente.
Tras reunirse los responsables de estos exámenes de todo el país manifestaron «unánimemente» que las pruebas de acceso «son un elemento fundamental para el futuro universitario de miles de estudiantes» y destacaron que «de su buena preparación y ejecución dependen sus esperanzas y expectativas, así como las de sus familias y las del profesorado que los forma».
En un comunicado, las universidades de toda España subrayaron que «se desconocen los modelos de examen y sus criterios de corrección con el tiempo suficiente, así como el contenido detallado de la orden ministerial que regulará estas pruebas», por lo que consideran que «no hay tiempo material para que los centros organicen adecuadamente una programación docente para el curso 2023-2024 ni para que impartan con garantías la formación previa del estudiantado».
En la misma línea, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) advirtió de que es «imprescindible» retrasar el comienzo del periodo de implantación del nuevo modelo hasta 2025. «No es realista afirmar que existe suficiente tiempo para poner en marcha dicho modelo en 2024 y se perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté matriculado en primero de bachillerato», manifestó CRUE.
La institución considera que el texto normativo propuesto por Educación «todavía resulta insuficiente para regular con la completitud, la seguridad y el rigor que sería necesario unas pruebas cuya repercusión social, relevancia y consecuencias sobre el futuro académico y profesional del estudiantado no necesitan ser subrayadas».
