La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que el numero de profesionales de ámbito sanitario con positivo de coronavirus en Castilla-La Mancha muestra la ausencia de previsión y la falta de equipos de protección individual, o no adecuados, para evitar el contagio que se ha producido en diferentes fases de la epidemia.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades sanitarias 1.895 trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se han contagiado: 1.160 profesionales permanecen con positivo o se encuentran en aislamiento tras haberlo superado y 735 se han reincorporado a sus puestos de trabajo tras haber superado el COVID-19.
Para CSIF, estos datos exponen el enorme impacto que ha tenido la epidemia en el personal sanitario el región, que a día representa el 16 por ciento del total de positivos en la comunidad autónoma. Además, el Sescam sería uno de los sistemas más golpeados de todo el sistema nacional de salud: el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) revela que al menos 19.400 profesionales sanitarios han dado positivo, lo que supone un 14% de los contagios producidos en España. Castilla-La Mancha se encuentra dos puntos por encima del porcentaje nacional.
Estas cifras refuerzan las acciones legales de CSIF, que el pasado 27 de marzo acudía a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) exponiendo que en ese momento había al menos 642 profesionales contagiados y otros 1.363 en situación de cuarentena; acciones para las que el Ministerio Fiscal ya ha incoado las oportunas diligencias de investigación penal.
CSIF lamenta que a pesar de los múltiples requerimientos el Sescam no ha facilitado el número de profesionales del ámbito sanitario contagiados en cada una de las 18 gerencias -sí lo han hecho algunas de manera particular-, a diferencia de otras comunidades autónomas.
Para la Central Sindical, comunicar a los Servicios de Prevención y Salud Laboral los datos de compañeros con positivos es fundamental para encontrar los puntos débiles de mayor exposición y evitar la reutilización de material.
Pero a estos datos de profesionales de ámbito sanitario habría que sumar el personal sociosanitario de residencias de mayores y centros, donde la Administración regional tampoco ofrece datos.
DEFUNCIONES
CSIF ha exigido hoy al Ministro de Justicia una reunión urgente para abordar los problemas que sufre esta administración como consecuencia de la crisis por el COVID-19 y que, entre otros aspectos, afectan a los ciudadanos con familiares fallecidos y que, por otro lado, se traduce también en las deficiencias en la contabilización de la cifra de personas fallecidas.
El personal de los registros civiles está desbordado. Al no producirse el fallecimiento por muertes violentas no hay autopsia, así que los médicos, sobre todo en pequeñas localidades, certifican el fallecimiento atendiendo a causas respiratorias o a patologías que presentase la persona difunta, ya que evidentemente no se realiza la prueba de COVID-19.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado que 1.921 licencias de enterramientos se han realizado bajo la sospecha de coronavirus durante el mes de marzo, una cifra que se muestra muy superior a los 708 fallecidos oficiales por COVID-19 que se han contabilizado desde Sanidad.
