Así se desprende de las jornadas celebradas por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre la brecha financiera en España, según ha informado la organización de las mismas en una nota de prensa.
Un dato que se prevé “siga incrementándose” y, por tanto, colocando en situación de “riesgo por exclusión financiera” a más población, especialmente en los pequeños núcleos rurales.
A nivel nacional se estima que con el actual ritmo de cierre de sucursales bancarias en 2025, aproximadamente el 5 por ciento de la población española tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo y cerca de tres millones de personas estarán en grave riesgo de exclusión financiera.
En Castilla-La Mancha, el porcentaje de municipios que no cuentan con oficina bancaria es del 48,8 por ciento, datos a cierre de 2017, con una cifra absoluta de 470 poblaciones. Este dato se eleva hasta superar el 69 por ciento si se tiene en cuenta los pueblos de menos de 1.000 habitantes que no disponen de cajero automático.
A pesar de ello, Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades autónomas menos impactadas por el cierre de oficias bancarias en los últimos años.
Así, entre el 2008 y el 2017 se cerraron 459 sucursales, un 22,8 por ciento del total y por debajo del 44 por ciento en el que se sitúa la media española. Entre el 2008 y el 2017 el número de oficinas bancarias en España ha caído casi un 44 por ciento, con cerca de 20.000 sucursales menos.
En el 2018 se cerraron otras 1.695 oficinas bancarias, lo que representa que finalizaron actividad más del 6 por ciento de las sucursales en España en tan solo un año. Mientras que en los últimos ejercicios el ritmo de cierre de oficinas bancarias supera el 5 por ciento anual, señala el estudio del Instituto.
ALTERNATIVAS
Los esfuerzos de las entidades bancarias por ofrecer cajeros automáticos volantes, oficinas móviles y otras soluciones no han logrado superar el problema de acceso al dinero en efectivo en una población eminentemente rural que crece año tras año, en el espacio de la ‘España vaciada’, donde la brecha tecnológica en los mayores se agudiza, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
A pesar de estas cifras, para el 53 por ciento de la población el efectivo sigue siendo el principal medio de pago y en España las operaciones en los puntos de venta siguen siendo mayoritariamente en efectivo, con el 87 por ciento del total y por encima de la media europea que se sitúa en el 79 por ciento.
Los problemas de tipo social y económico que la falta de acceso al efectivo están generando en algunas capas de la población se van a agudizar en determinados territorios y sus consecuencias van a ser “impactantes” en el conjunto nacional, según los ponentes, lo que agravará la brecha geográfica y la desigualdad económica y de oportunidades.
“Impedir o dificultar el acceso al dinero no va a hacer otra cosa que incrementar la desigualdad y fomentar un reparto injusto de la riqueza, generando la quiebra de la igualdad de oportunidades y la exclusión de las personas por encima de los 60 años”, han señalado los ponentes de estas jornadas.
“PELIGROS” DE LA ELIMINACIÓN DEL EFECTIVO
Una buena parte del trabajo del Instituto se centra en señalar “los peligros” de la tendencia instalada en buena parte del sistema financiero de impulsar la eliminación del dinero en efectivo y su sustitución por medios de pago electrónicos, “un negocio concentrado en un oligopolio de tarjetas y sistemas electrónicos de pago que mueve cifras astronómicas”.
“Un mundo sin efectivo incrementará notablemente el poder del sistema financiero cuyos patrones de conducta dicta hemos conocido dramáticamente en esta última crisis con cientos de miles de litigios por mala praxis y con los rescates como socialización de las pérdidas”, han indicado desde el Instituto.
En España, “la bancarización es notable”, pero las redes de comunicaciones digitales “no dan cobertura a amplias zonas rurales ni a personas de edad, hoy mayoritaria, que sin cajeros ni medios digitales serán excluidas por completo del sistema”.
El control social se consigue “interviniendo en las decisiones y en la privacidad de las personas”, asegura el estudio del Instituto, que alerta de que una de las formas más eficaces de lograrlo es restringiendo el uso del dinero en efectivo, “que es la herramienta que tienen las personas para realizar sus operaciones protegiendo su derecho a la privacidad y la confidencialidad”.
Para el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, “este estudio señala el grave riesgo de exclusión financiera de una buena parte de la población española si sigue la tendencia de dificultar o impedir el acceso al dinero en efectivo”.
