La nueva Ley de Universidades, que ha tenido que volver al Congreso tras ser modificada en el Senado y que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, plantea medidas para la reducción de la precariedad en la Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030.
«Hemos asumido la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado el contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación la LOU», ha manifestado el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su intervención en el Pleno, donde ha asegurado que han tramitado la ley «desde un talante inequívoco de diálogo y consenso».
La nueva ley, según ha señalado Subirats, «quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de las universidades públicas». «Ya estamos trabajando con las CCAA y con la CRUE para que la financiación del 1% del PIB para 2030 pueda llegar a cumplirse», ha avanzado.
Igualmente, ha afirmado que las universidades «son y seguirán siendo pilares fundamentales para preservar el pluralismo ideológico, para el desarrollo de la investigación y su transferencia a la sociedad» y ha subrayado que en la ley «se habla de ciencia abierta, ciencia ciudadana y reconoce y propugna una universidad abierta al mundo, internacionalizada, plenamente integrada en el tejido universitario europeo y vinculada al espacio Iberoamericano de conocimiento».
Para el ministro de Universidades, que ha agradecido al exministro Manuel Castells su labor al iniciar el proceso, el Gobierno ha hecho «un esfuerzo importantísimo para ampliar la base económica de los universitarios, estableciendo un aumento sin precedentes en las becas universitarias». También, ha añadido que la nueva norma está destinada a las universidades «para asegurar su buena salud, pero también está destinada al conjunto de la sociedad».
«No es la ley que necesitan las universidades española»
Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Jesús Moro Almaraz ha advertido de que esta ley «no es la ley que necesitan las universidades españolas, tampoco la que esperaban»: «No merecen esta ley, no resuelve nada, lo complica todo y lo encarece. No resuelve la precariedad. No contenta a nadie».
En concreto, ha hecho referencia a que los profesores asociados están en huelga; los postdoctorales, «muy preocupados»; y los que esperaban la promoción, «aterrados». También ha recordado que pidieron, pero les «ignoraron», que «no rompieran» el sistema de acreditación por la ANECA, ya que, a su juicio, la intervención de las agencias autonómicas «no garantiza la homogeneidad».
Respecto a la financiación de la LOSU, la diputada popular ha incidido en que «esta ley, sin memoria económica, no garantiza la financiación necesaria». «Es de nuevo una ley costosa con cargo a los demás, un yo invito tú pagas», ha precisado, al tiempo que ha comentado que las enmiendas incorporadas en el Senado «no resuelven los problemas, ponen algún parche, un plazo de transitoriedad que no resuelve apenas nada».
«Por responsabilidad tengo que pedirles que no sigan, que no cambien nada más a nuestros universitarios. Pero hay esperanza, porque el presidente del PP (Alberto Núñez Feijóo) lo hará mucho mejor», ha dicho Moro Almaraz.
«Precariedad en la Universidad por las políticas del PP»
Como respuesta a la intervención de la diputada popular, el socialista Roberto García Moris ha reprochado que durante el Gobierno del PP «se generaron bolsas de precariedad en la Universidad por sus políticas». «El PP, ejecutores de las políticas de recortes sobre el sistema científico universitario, sigue preguntándose por qué era necesaria una nueva Ley de Universidades», ha comentado.
En este punto, García Moris ha atacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su política universitaria y la apertura de universidades privadas. «Ese es el modelo que promueven, el ‘Modelo Ayuso’ que ahora Moreno Bonilla está desplegando en Andalucía, aprobando dos proyectos de universidades privadas que no cumplen con el nuevo real decreto de creación de universidades», ha apuntado.
«La Ley de Universidades favorece la igualdad en el ámbito universitario, favorece la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en la carrera científica», ha reivindicado el diputado del PSOE.
Vos relaciona la LOSU y el caso Mediador: «El ‘show de Berni Hill»
Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha relacionado la aprobación de la nueva Ley de Universidades con el ‘Caso Mediador’. «La izquierda se ha convertido en una izquierda de caricatura, se ha convertido en el ‘Show de Berni Hill’. Se quejan los rectores, los estudiantes e incluso las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, los profesores o los investigadores», ha asegurado el diputado Pedro Fernández Hernández.
Con la entrada en vigor de la LOSU, el diputado de Vox ha ironizado, en referencia al ‘Caso Mediador’, con que en la Universidad a partir de ahora «no se enseñará que Ramses fue un faraón de Egipto, sino un restaurante de lujo; o puede que enseñen que la persona que intermedie en un conflicto ya no sea el mediador, sino que el mediador sea otra cosa».
Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem Gerardo Pisarello, que ha celebrado que el Gobierno haya aprobado más de 100 leyes esta legislatura, ha recalcado que la LOSU «refuerza el carácter público de la Universidad y la hace más democrática y accesible» y ha reclamado aprender del movimiento feminista «que a pesar de tenerlo todo en contra ayer volvió a llenar las calles».
Desde el Grupo Parlamentario Republicano se han mostrado orgullosos por, a pesar de contar con trece diputados, haber conseguido «incorporar más de 150 enmiendas que han mejorado sensiblemente el texto». Así, la diputada de ERC Marta Rosique ha aplaudido que se consiga el derecho de huelga para el estudiantado, que las personas migrantes «puedan por fin homologar sus títulos» o que el Gobierno deba presentar en seis meses, en lugar de un año como estaba establecido en el documento inicial, el proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
Por el contrario, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha lamentado que la ley haya vuelto del Senado con enmiendas de carácter transitorio «que no solucionan el problema y son un pequeño parche para un gran descosido que es la LOSU»: «No hemos podido evitar que las universidades se conviertan en instrumentos partidistas».
