El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido que este 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, «es un día para la reivindicación más que para la celebración», al tiempo que ha destacado que el Gobierno regional da pasos en favor de la igualdad poniendo en marcha leyes como el Estatuto de las Mujeres Rurales.
Tras recordar que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha en noviembre de 2019, el consejero ha asegurado que se trata de una norma «pionera» que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en el medio rural, con medidas que buscan corregir la discriminación múltiple a la que se ven sometidas.
Para Martínez Arroyo, según ha informado en nota de prensa el Ejecutivo regional, el Estatuto de las Mujeres Rurales «es la herramienta para avanzar en la igualdad efectiva, que no hemos logrado todavía». No obstante, se ha mostrado convencido de que instrumentos como el Estatuto van a permitir alcanzar esa igualdad.
Por último, ha afirmado que «quedan muchos retos por conseguir» en el ámbito de la igualdad, pero que se van dando pasos gracias a las organizaciones de mujeres presentes en el medio rural, poniendo como ejemplo a Fademur con quien se ha trabajado para hacer realidad este Estatuto, que se ha implicado siempre poniendo en marcha numerosas iniciativas en nuestros pueblos.
Discriminación positiva
El consejero ha realizado estas manifestaciones en la clausura de la Asamblea General Extraordinaria de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), que ha tenido lugar en Sigüenza, donde ha asegurado que «los hombres y mujeres que quieran emprender en el medio rural, tendrán discriminación positiva en forma de exenciones fiscales».
Y así queda reflejado en la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, dando un paso «decidido» para abordar el reto demográfico, incentivando que la gente se quede a vivir y emprenda en los pueblos, según ha detallado el consejero.
Martínez Arroyo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación de forma previa a la Asamblea, acompañado por la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino; el presidente de Recamder, Jesús Ortega; así como por el presidente de la Diputación de Guadalajara, Jose Luis Vega, y el delegado de la Junta en la provincia, Eusebio Robles.
«Era el momento de dar el paso. No hay otra alternativa», ha dicho el consejero, recordando que la petición de reducir la fiscalidad en las zonas rurales partió de los Grupos de Desarrollo Rural, que lo plasmaron en el Manifiesto de Sigüenza en 2018. Un texto que «tiene un enorme mérito, porque es muy concreto y dice cosas que obligan».
Dicho esto, ha apuntado que Castilla-La Mancha tendrá aprobada la Ley contra la Despoblación antes del verano, y que es esa norma la que contempla dichas exenciones fiscales para quienes «vivan e inviertan en los pueblos de la región».
Pero la Ley contra la Despoblación incluirá no solo la exención fiscal, sino también una estrategia que se plasmará en el futuro Programa de Desarrollo Rural, que la Consejería que dirige Martínez Arroyo elaborará con la colaboración de Recamder. «Es la gente que vive en los pueblos la que tiene que decidir por dónde hay que dirigir el camino», ha señalado.
