El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto para la creación del Consejo de Diálogo Social, que contará con un presupuesto de 2,4 millones de euros, según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
Según reza el decreto, este Consejo de Diálogo Social tendrá que constituirse en el plazo de dos meses, estará presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y consta de 12 miembros: cuatro de la Administración regional, cuatro de las organizaciones empresariales con mayor representación y otros cuatro miembros de los sindicatos más representativos de la región.
Este decreto de la creación del Consejo de Diálogo Social emana de la Ley de Participación de Castilla-La Mancha, que se aprobó en diciembre del año 2019. Este consejo tiene carácter tripartito y paritario y entre sus funciones recoge las de conocer de manera anticipada los anteproyectos de ley y el desarrollo de las normas legales en la región, así como recibir información sobre los planes, programas o actuaciones que ejecuta el Gobierno regional.
Entre sus funciones también está el proponer y participar en la elaboración de informes, estudios, criterios y líneas generales de actuación; proponer iniciativas legislativas al Consejo de Gobierno o aprobar, evaluar y difundir sus acuerdos, entre otros.
“Este es un Consejo de Diálogo social que nos va a servir para reforzar los consensos sobre los que hemos cimentado nuestras políticas desde nuestra llegada al Gobierno en 2015 pero, muy especialmente, en este contexto complejo del COVID, donde hay que reforzar la base del diálogo social para salir fortalecidos en la recuperación social y económica de la región”, ha señalado Franco en rueda de prensa junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando.
Además, según ha dicho, el Consejo de Diálogo Social también es un elemento que tiene su importancia “porque garantiza la estabilidad en el desarrollo económico y social de la región y esta seguridad en la concertación social nos permite también proyectar una imagen de una Castilla-La Mancha segura para el desarrollo económico y social”.
