«Formaba parte de los compromisos importantes en este ámbito, y de mucha vigencia en este momento», ha destacado Rodríguez en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el último del año.
Este plan de acción, que Sanidad y CCAA se comprometieron a presentar antes de final de año en una cumbre celebrada a finales de septiembre en Maspalomas (Gran Canaria), es básicamente una continuación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, lanzado en abril de 2019 pero prácticamente sin ejecutar debido a la demora producida por la pandemia de COVID-19.
Una de las principales novedades es la introducción del concepto de presupuesto finalista para la Atención Primaria, es decir, un «presupuesto específico y suficiente» por parte de las comunidades autónomas, en «cofinanciación» con el Ministerio de Sanidad, como «herramienta económica necesaria para alcanzar los objetivos previstos».
Asimismo, también se busca aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones de trabajo. Concretamente, se marca el objetivo de reducir la temporalidad en Atención Primaria por debajo del 8 por ciento.
De hecho, dentro de las medidas para los profesionales, Sanidad y CCAA se comprometen a la creación de la categoría profesional de Enfermera Familiar y Comunitaria (EFYC) en Atención Primaria «en todas las comunidades autónomas». Así, señalan que se debería producir «al menos un incremento anual del 20 por ciento de los nombramientos de las Enfermeras de Atención Primaria con el título de la especialidad de EFYC en 2023».
Asimismo, se apuesta por que más del 65 por ciento de los residentes contratados tras finalizar la residencia tengan «contrato fijo, interino o de al menos dos años en Atención Primaria». Con esta medida se busca «favorecer la cobertura de las vacantes en Atención Primaria y la atención longitudinal, incentivando la permanencia de los profesionales en su puesto».
En la misma línea, Sanidad y CCAA persiguen la creación de las vacantes necesarias y el fomento de la transformación de los contratos de interinidad en contratos de estabilidad, con especial interés en las zonas de difícil cobertura, para que «el 80 por ciento de las plazas vacantes están cubiertas por contratos interinos» y el 25 por ciento de los interinos por CCAA obtenga plaza fija en los 3 primeros años de su nombramiento».
Otro de los aspectos importantes del plan es el compromiso de que las solicitudes de atención en los centros de salud «se gestionen en las primeras 24 horas, es decir, que la ciudadanía disponga de una respuesta de cuándo y cómo se va a atender su solicitud en el tiempo definido».
La propuesta concreta es que en 2022 el 50 por ciento de los usuarios que soliciten atención sanitaria en su centro de salud reciban respuesta en las primeras 24 horas, con un incremento del 20 por ciento para 2023. En el mismo sentido, se establece la «accesibilidad inmediata» (en las primeras 24 horas) en los problemas de salud no demorables antes de que finalice 2022.
Igualmente, este Plan de Acción apuesta por aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria, identificando «los procedimientos diagnósticos que deben ser realizados en Atención Primaria, la adquisición del equipamiento diagnóstico y el desarrollo de formación continuada necesaria».
La digitalización es otra de las líneas maestras del plan, con «proyectos para reforzar las capacidades de los centros de salud, mejorando la calidad de los servicios para los pacientes y facilitando el trabajo de los profesionales». Específicamente, se habla, por ejemplo, de la «implementación de herramientas para facilitar la atención sanitaria en centros sanitarios inteligentes, a través de proyectos evaluados de teleconsulta, videoconsulta, acceso a imágenes médicas y ‘chatbots’ para la mejora de la gestión de la demanda de la ciudadanía».
