El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido cambios legales para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de menores migrantes solos, procedentes fundamentalmente de Canarias, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con la institución para presentar su actividad durante los años 2022 y 2023.
«Hay que buscar soluciones, que en parte pasan por modificaciones legales para que el resto de comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores», ha asegurado para añadir que «parece» que se avanza en esa dirección. Gabilondo se ha referido así al aumento de llegadas de migrantes por vía irregular a Canarias en 2023, con casi 40.000. Esta situación implica, a su juicio, «un reto» para el sistema de protección de menores en el archipiélago.
También ha reiterado que se necesitan infraestructuras «adecuadas», así como personal especializado, para la «identificación, acogida e integración» de los menores migrantes, especialmente, de aquellos que pueden ser víctimas de trata.
En esta línea, ha dicho que la respuesta ofrecida a la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania ha sido un «ejemplo de coordinación», que, a su juicio, «debería ser replicado en la política migratoria». «La apuesta europea por favorecer una migración legal, ordenada y segura, debe llevarnos a evaluar la situación en la que se encuentran las oficinas de extranjería y los consulados, reforzando sus medios y su coordinación», ha apuntado.
Igualmente, sobre los migrantes, ha recalcado que las personas «se dividen en personas y personas» y que «las otras divisiones son muy interesantes, pero hay que acoger a las personas». «Son personas inmigrantes. Y la idea de la acogida, pues, yo no creo que se está haciendo un efecto llamada cuando se está acogiendo con políticas abiertas», ha asegurado para añadir que no cree que la inmigración sea «masiva», aunque ha apuntado que igual un día lo es.
El Defensor del Pueblo también ha recordado otros de los temas «fundamentales» recogidos en los informes de los años 2022 y 2023, como la necesidad de revisar «en profundidad» el sistema de protección internacional, «en lo que se refiere a las dificultades de acceso al mismo, la demora en la tramitación de las solicitudes y las deficiencias del propio sistema de acogida».
En cuanto a la pobreza, ha dicho que «es la gran exclusión y la reducción de la desigualdad» y que ha de ser un «objetivo prioritario» del conjunto de los poderes públicos y de las administraciones «atender a aquellos ciudadanos más vulnerables».
Gabilondo ha recordado que en 2022 y 2023 han tramitado un total de 67.055 expedientes, 31.452 en 2022 y 35.603 en 2023 -datos recogidos en los informes ya conocidos-. También ha precisado que han atendido a través de llamadas telefónicas o personalmente a 74.962 ciudadanos y que la institución ha iniciado 538 actuaciones de oficio.
Asimismo, ha añadido que la tramitación de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio han dado lugar a 4.868 resoluciones entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios legales y advertencias. Respecto a la aceptación de las resoluciones por parte de la administración, ha destacado que es «bastante positiva», en torno al 70%. En todo caso, ha denunciado que, en ocasiones, se demoran «en contestar o no contestar».
En el turno de portavoces, el socialista Herminio Rufino Sancho se ha referido a la violencia de género, de la que ha dicho que se trata de una «lacra social a la que hay que poner freno». «La concienciación sobre este asunto, la coordinación entre Administraciones e instituciones, la formación especializada de todo el personal involucrado, son aspectos vitales para abordar este tema», ha indicado.
EL PP PIDE QUE MODIFIQUE LA ORIENTACIÓN DE LOS INFORMES
Por su parte, por el Grupo Parlamentario Popular, María Eugenia Carballedo ha pedido a Gabilondo que modifique la orientación de los informes «para que realmente sean útiles a los ciudadanos». «Leídos ambos informes, 2022 y 2023, le digo, yo he echado en falta menos profundidad, contexto y perspectiva», ha apuntado. Además, se ha referido a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre violación de género, sobre lo que Carballedo ha dicho que «el Gobierno o no acepta o no implementa».
Ignacio Hoces, de Vox, ha señalado que su formación cree que Gabilondo debería dar cuenta en sus informes «de muchos más aspectos» que también describen «la realidad de la nación, de la situación de los españoles», así como de la «vulneración constante y flagrante» de derechos comprendidos en el título primero de la Constitución Española.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, Igotz López ha preguntado a Gabilondo si pretende mantener su institución encuentros con gobiernos autonómicos más allá del Canario para abordar esta situación. Así, ha señalado que su formación entiende que es una situación «muy grave» a la que no se está dando una respuesta «adecuada, coordinada y justa».
Finalmente, Josep María Reniu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña, ha precisado en su intervención que sería «mejor» desarrollar algunos temas «individualmente» y en forma de informes monográficos «más frecuentemente» y, «sobre todo, dar difusión generalizada». A su juicio, esto permitiría, situar estas temáticas «más claramente» en la agenda pública y en la agenda política y que facilitaría que fueran «más efectivas».
