El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este martes la modificación de la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible que, aprobada el pasado jueves en las Cortes regionales, entrará en vigor en 20 días.
Según reza el texto, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, durante los más de trece años de vigencia y aplicación se ha demostrado que esta norma está cumpliendo sus objetivos en materia de gestión forestal de forma satisfactoria con carácter general.
No obstante, en algunos aspectos de la misma es necesario proceder a su revisión y actualización, como resultado de la experiencia acumulada en su aplicación durante este periodo, así como para dar una respuesta adecuada a los nuevos retos que existen en materia de gestión forestal sostenible en los próximos años.
Así las cosas, ha de adaptarse a la Estrategia sobre la Biodiversidad en Europa 2030 y la nueva Estrategia de la Unión Europea en favor de los Bosques para 2030, que actualizan directrices en gobernanza y gestión forestal del marco comunitario.
Entre las novedades que aporta esta revisión, destaca la creación de la figura de los cotos micológicos, que se podrían reglamentar para fomentar su uso, dada la importancia que esta práctica tiene para muchas comarcas de Castilla-La Mancha.
De igual modo, se facilita que los ayuntamientos, mancomunidades y otros propietarios se agrupen para sacar al mercado aprovechamientos conjuntos, al tiempo que simplifican los aprovechamientos domésticos para calefacción por leñas en invierno. A partir de ahora, solo necesitarán para las mismas ponerlo en conocimiento con carácter previo, mediante declaración responsable dirigida a la delegación provincial correspondiente.
A través de la ley se consolida el fondo de externalidades de los ecosistemas forestales, y en materia de prevención y gestión de incendios forestales, esta actualización de la legislación de montes declara de interés general los trabajos recogidos en los planes de defensa y de emergencia por causa de incendios en la obligatoriedad de permitir labores preventivas, al tiempo que regula la creación de un seguro de responsabilidad penal para personal responsable de la extinción.
