El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que la sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado la razón y ha declarado constitucional una parte de la Ley Antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno del PP “siente precedentes” y evite la práctica del fracking en todo el país.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en rueda de prensa, donde ha expresado su “satisfacción” por esta sentencia que, según ha explicado, “es la primera favorable a una comunidad autónoma en una cuestión de esta envergadura”.
La sentencia del TC demuestra que las cosas se hicieron “muy bien” desde el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el primer momento en esta cuestión, ha afirmado el consejero, quien ha puntualizado que en la práctica la ley impide la fractura hidráulica en la región.
Asimismo, ha aprovechado para agradecer el trabajo desarrollado por las plataformas antifracking durante este tiempo, recordando que la sociedad civil se movilizó en contra de los proyectos de fractura hidráulica que, a su juicio, suponían “un enorme riesgo” para el medio ambiente y también podían tener consecuencias, desconocidas entonces y ahora, para la salud pública.
En estos agradecimientos, el consejero también ha querido mencionar a la anterior consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que fue “una luchadora infatigable en contra del fracking en su provincia, Guadalajara, a través de la plataforma antifracking”.
“Hoy somos la única comunidad autónoma española en la que esta práctica esta prohibida, consecuencia de una sentencia favorable a los intereses de una región por parte del Tribunal Constitucional”, ha dicho.
Asimismo, ha confiado que el Congreso de los Diputados también se vaya a posicionar en contra de esta práctica y por lo tanto “podamos tener un país libre de fracking”.
Plan estratégico
Además, ha explicado que para que se pueda prohibir en la práctica el fracking es necesario hacer un plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica en Castilla-La Mancha, para cuya elaboración, tras la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, quedarían nueve meses.
Por lo tanto, ha avanzado que antes de las próximas elecciones regionales, Castilla-La Mancha tendrá un plan estratégico de la utilización del fracking en la región que en la práctica impedirá esta técnica en la comunidad autónoma.
El consejero espera que este plan sirva no solamente para el actual Gobierno sino para los próximos gobiernos que vengan porque “el camino de futuro no pasa, desde el punto de vista energético, por apostar por técnicas como éstas que suponen riesgo para los ciudadanos y por el medio ambiente, sino que pasan por apostar por modelos más sostenibles”.
No obstante, espera que este plan sirva para que ningún gobierno tenga “la tentación de modificar” la ley, matizando que todas las leyes pueden ser modificables.
La Ley Antifracking de Castilla-La Mancha se aprobó el 1 de marzo de 2017 con los votos favorables del PSOE y Podemos y la abstención del PP. La norma fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre, de tal forma que esta normativa se mantenía en suspenso.
