González Egido ha llegado a declarar aparentemente tranquilo, negando en su declaración que en ninguna de sus actuaciones en su etapa de viceconsejero de Medio Ambiente (entre julio 2015 y septiembre 2016) hubiera pretendido ni beneficiar ni perjudicar a nadie, aunque un mes después del incendio, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo cesó del cargo, petición que, en todo caso, ya había solicitado él en el mes de julio por motivos personales.
Dos horas ha estado declarando González Egido, declaración en la que ha reconocido que antes de llegar a la Viceconsejería estuvo como presidente independiente y consejero en una empresa llamada Biocombustibles del Henares, en la que participaba el Grupo Layna Residuos junto a otra compañía, pero ha afirmado que no tuvo ningún recorrido, insistiendo en que entonces aún no era viceconsejero.
En este sentido, ha explicado que, tras marcharse el otro socio y quedarse solo Layna como socio único ya no tenía sentido que hubiera un presidente independiente ya que se quedó este grupo con el 100% del accionariado, aclarando que cuando le ofrecieron la responsabilidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente se desvinculó del todo. “Nunca tuve ninguna responsabilidad en el Grupo Layna”, ha apostillado.
Lo que no ha negado es que hay amistad con la madre y con los hijos de esta compañía pero sí que él haya dado cualquier trato de favor ni a ellos ni a Kuk Medioambiente.
Ha apuntado que cuando en marzo de 2016 el coordinador de área le informó de que había una situación anómala en la planta incendiada en Chiloeches, en la que ya tenía participación Layna junto a Kuk Medioambiental, en ese mismo momento les comentó que precisamente por la relación que había tenido con Layna previamente en un proyecto de investigación conjunto, quería abstenerse, asegurando que nunca supo que allí se hubieran estado realizando actos ilícitos.
Ha negado tener ninguna relación mercantil ni con Kuk ni con Layna y ha aludido a que aunque posteriormente creo Biosonoil, también lo vendió, negando haber participado en la toma de decisiones o tenido algún contrato laboral con Layna, e insistiendo en que fue antes de ofrecerle la responsablidad de ser viceconsejero.
González Egido está acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental y el Ministerio Fiscal pide para él una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, tres años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo mientras dure la condena y veintidós meses de multa a 20 euros diarios con responsabilidad personal subsidiario de once meses de cárcel en caso de impago.
En su exposición, a preguntas del Ministerio Fiscal, González Egido, licenciado en Ciencias Químicas e investigador, ha insistido en que su labor como viceconsejero era ser “la figura política” de representación de la Viceconsejería y que negado tajantemente que tuviera alguna participación en la gestión administrativa de los expedientes sino que se limitaba a firmar lo que le llegaba a la mesa.
Según ha expuesto, todas las semanas tenía en su mesa unas 200 firmas de distintos estamentos y firmaba porque “el viceconsejero no entra para nada en la gestión administrativa”, cometido que ha achacado a los técnicos, que son los que luego pasan la documentación al jefe de servicio hasta llegar s su mesa
“El viceconsejero es el que firma y el responsable público de la Viceconsejería , donde llegan muchos papeles y él no está a todo”, ha subrayado.
Ha incidido también en que mientras fue viceconsejero no se reunió nunca con Layna ni Kuk, insistiendo en que cuando le comentaron que podía existir alguna irregularidad dijo que no quería participar “para no interferir en nada”, y eso fue en marzo de 2016.
JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL
Previamente al exviceconsejero ha prestado declaración el jefe de Servicio de Medio Ambiente Industrial y más tarde nombrado jefe de sección de Impacto Ambiental en el periodo 2011-2012, José María M.G., acusado también por el Ministerio Fiscal de un delito de prevaricación medioambiental, quien ha asegurado en su intervención que de las ocho resoluciones que cita la Fiscalía en su escrito de acusación el no ha dictado ninguna y que nunca ha dado trato de favor a ninguna compañía o persona.
Según ha precisado, en sus actuaciones nunca tuvo conocimiento de la existencia de un acto ilícito e ilegal ni tampoco estaba desobedeciendo o ignorando ninguna decisión de sus superiores ni ningún mandado de otra autoridad.
Ha apuntado también que entre sus competencias no estaba la de fiscalizar a órganos superiores y que nunca recibió ninguna notificación ni advertencia refería a que la resolución del 30 abril de 2008 no era una autorización ambiental integrada.
Ha incidido en que él no tenía competencias en materia sancionadora ni sobre resoluciones administrativas o judiciales ni tampoco para ejecutar decisiones y que tampoco omitió el cumplimiento de alguna función propia de su cargo ni actuó con ánimo de incumplir la legalidad.
Al igual que González Egido, ha negado cualquier posible trato de favor a las compañías gestoras de los residuos.
