La Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades (G9) se ha mostrado contraria al decreto sobre la cotización de prácticas, un decreto que ha considerado que “perjudica al sistema universitario”. En su opinión, las prácticas curriculares “deben estar exentas de pago” a la Seguridad Social.
Los rectores de las universidades públicas de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo y País Vasco, con la ausencia del rector de Zaragoza, que no ha podido acudir, han celebrado este lunes una reunión en Pamplona para analizar distintos aspectos de la actualidad y proceder al traspaso de la presidencia semestral del grupo desde la Universidad de Cantabria a la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
Presidencia
La UPNA asume así la presidencia semestral del grupo G9, que suma un total de 170.000 estudiantes, más de 19.300 profesores y un personal de administración y servicios de 8.200 personas.
Tras la reunión, el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, ha ofrecido una rueda de prensa, acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, para dar a conocer los temas tratados en la reunión, uno de ellos el decreto sobre la cotización de prácticas.
Según ha indicado Carlosena, si bien es “positivo” y un “avance” que “se reconozca la labor de prácticas de los estudiantes en la Seguridad Social”, la forma en la que se ha realizado “no es ni mucho menos la más adecuada y tenemos muchas objeciones que hacer”.
Ministerio de trabajo
“Este decreto ha surgido del Ministerio de Trabajo y, sin embargo, el Ministerio de Universidades no era conocedor, lo que demuestra que se ha hecho de espaldas a las universidades y, por tanto, la letra del decreto perjudica mucho en general al sistema universitario”, ha señalado el rector, para quien es “un decreto de trazo grueso en el que no se distingue lo que son prácticas curriculares de las no curriculares, si son remuneradas o no o si se hacen en administraciones públicas o empresas”.
Sobre las prácticas curriculares, Carlosena ha subrayado que son de “carácter formativo” y ha señalado que aunque a los rectores del GP les parece bien que computen a efectos de cotización a la Seguridad Social, “deben estar exentas de pago”. “El alumno lo que está haciendo es formándose, no está realizando un trabajo, es posible que en alguna situación se den posibles fraudes, pero eso habrá que perseguirlo y solucionarlo de otra manera”, ha alegado.
En su opinión, “el planteamiento de que las prácticas curriculares deban pagarse genera un problema económico y va en contra de lo que es la filosofía de las prácticas”. Y ha advertido de que “si las universidades tuviéramos que pagar al final esa cotización, estaríamos hablando de cantidades económicas muy importantes que serían inasumibles”. En la UPNA, se estima que supondría unos 400.000 euros, “un 5% del presupuesto de la universidad”.
Coste de gestión
“Es importante el coste, pero también el coste de la gestión que esto supondría a las universidades, estamos hablando de miles de personas que tener que dar de alta en la Seguridad Social y de hacer trámites”, ha comentado.
En este mismo sentido, el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, ha avisado del “enorme esfuerzo y la enorme complicación de gestión de todas esas altas y bajas de cotizaciones para las universidades que ya tenemos un aparato de gestión reducido”. “Asumir todo ese movimiento sería casi tan complicado como el propio pago de las cuotas”, ha señalado.
Otras demandas
Por otro lado, el rector de la UPNA se ha referido a la ley de contratos, “hecha para las administraciones públicas, pero que no tiene en cuenta las particularidades de investigación” y ha asegurado que es una ley que “nos genera muchos problemas” y que “complica tremendamente la gestión de la investigación, de manera que se va mucho más despacio”. Por ello, ha pedido modificar esta ley para que “considere las particularidades de la investigación y exima de ciertas condiciones que sí que son aplicables a otras administraciones”.
En el ámbito de la investigación, Carlosena también ha defendido que “no se vea afectada por la ley de subvenciones”. “La investigación no debe vivir de la subvención, sino que debe ser considerada como una inversión. El hecho de que estemos sometidos a la ley de subvenciones también hace que la gestión de la investigación sea muy complicada”, ha sostenido.
Asimismo, sobre el estatuto del personal investigador en formación, ha afirmado que en términos generales al G9 le parece “bien”, si bien ha considerado “negativo” que “a los investigadores en formación se les quiera reducir de 240 horas la actividad docente a 180”, con lo que “ya no cumplirán los requisitos para acceder a futuras plazas de profesorado”.
En otro orden de cosas, y como aspecto “positivo”, el rector de la UPNA ha valorado que se haya vuelto a poner en marcha la conocida como la acreditación I3, una acreditación investigadora y que era una reivindicación del Grupo 9 de Universidades.
