El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, transferir 198,7 millones de euros a los gobiernos de las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para reforzar los servicios sociales, financiar programas de protección a las familias vulnerables y de atención a la pobreza infantil.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones de euros destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza.
Asimismo, se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa; a financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.
Otro de los objetivos es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias.
El Ministerio de Derechos Sociales pone el ejemplo del programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares. Además, se financiarán programas para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares.
Igualmente, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Por otro lado, 108,7 millones de euros se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.
La propuesta de reparto de esta inversión ha sido informada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y será aprobada definitivamente por este mismo Consejo próximamente, después de haber conseguido el primer visto bueno este martes, según ha indicado Derechos Sociales.
