El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha reprobado la exigencia de Vox de querer conocer la identidad y cualificación técnica de los profesionales que trabajan en las unidades de violencia de género en Andalucía, lamentando que venga de “algunos sectores ultrareaccionarios, conservadores y ciertamente desvergonzados” y tras la que “subyacen motivaciones de carácter claramente machista”.
“Nadie duda de la actuación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local en cuanto a la protección que ofrecen a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué dudar de la encomiable profesionalidad de los trabajadores de esas unidades de género?. Todos sabemos que tras esa demanda subyacen motivaciones de carácter claramente machista, que en Castilla-La Mancha no vamos a vulnerar”, ha advertido.
De este modo ha reaccionado la responsable del Instituto de la Mujer castellano-manchego, que ha aprovechado la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Toledo, donde tras poner en valor la labor de estos profesionales, ha defendido que es “inadmisible” que los del partido de Santiago Abascal estén cuestionado uno de los problemas “más graves” que presenta el país y “la profesionalidad de las personas que dan apoyo, seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia de género”.
Por ello, ha puesto en valor el trabajo de las personas que trabajan en la región y en España “en favor de la recuperación plena de las víctimas de violencia de género, de su dignidad y de sus derechos”.
“No solo como responsable institucional sino como feminista estoy totalmente en desacuerdo con esa iniciativa propuesta en Andalucía. Resulta impensable e inadmisible para el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha concluido.
Colegio de Educadores
En la misma línea, el presidente del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, Francisco Peces, ha dado lectura del comunicado emitido este miércoles por el Consejo General Estatal del gremio defendiendo el derecho de los profesionales y de las personas usuarias, entre las que están las personas afectadas por violencia machista, “cuya existencia e intensidad se refleja en la larga lista de mujeres maltratadas y asesinadas”, que afecta a “más de 600.000 y mata a 50 al año”.
“Las medidas presentadas por Vox en el Parlamento andaluz instando a que el Gobierno de esta comunidad entregue la lista con nombres y apellidos de personas profesionales de las unidades de valoración integral de violencia de género no buscan otro objetivo que trasladar la presión directa sobre estos profesionales como método de coacción y así poner en duda la propia existencia de la violencia machista”, ha añadido Peces.
Por ello, el Colegio de Castilla-La Mancha, al igual que su homólogo estatal, expresa su “absoluto rechazo” a la media propuesta por Vox, por “suponer un cuestionamiento de la profesionalidad de los trabajadores afectados, además de un ataque integral a las víctimas de la violencia machista, que repercute en el recorte de los derechos fundamentales de las personas”.
“Por todo ello instamos a la Junta de Andalucía a que no tome en consideración la petición de Vox y siga garantizando la confidencialidad y profesionalidad del trabajo realizado, la custodia de la identidad de las víctimas y las medidas de protección hacia ellas”, ha concluido Peces.
