La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que la propuesta que llevará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles es la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, de los que 4.927 millones corresponden a Castilla-La Mancha.
Así lo ha adelantado Montero en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado un acuerdo con el Gobierno para condonar el 22% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado.
En la rueda de prensa, Montero ha anunciado que la propuesta que realizará el Gobierno es la condonación de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, que pasaría a asumir la Administración General del Estado (AGE).
Para ello, Montero ha desvelado que este mismo lunes ha remitido a los diferentes Gobiernos autonómicos la metodología que determina el importe que va a ser asumido por el Estado y que podrán votar las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será el órgano que decidirá si finalmente sale adelante.
Asimismo, Montero ha precisado que la condonación de la deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna «condicionalidad», por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.
Tres fases
Según ha explicado Montero, la metodología propuesta consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades durante el cierre de 2009 y el cierre de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el cierre de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total que está vigente al cierre de 2023.
En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», ha aclarado Montero.
Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para dar «mayor equidad»: «En primer lugar, identificamos a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la comunidad valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».
A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas comunidades autónomas que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a comunidades que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las comunidades autónomas que hayan ejercido esta competencia normativa por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo de la media.
Andalucía y Cataluña, las más beneficiadas
En base a esta metodología, el Ministerio de Hacienda ha detallado la propuesta de condonación total a todas las comunidades autónomas, aunque ha recordado que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.
En cualquier caso, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.
Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
