El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, explicó que el Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra actualmente trabajando en el anteproyecto de la Ley de Garantías y Medios para la resolución amistosa de conflictos en materia de consumo.
“Con esta iniciativa legislativa pretendemos garantizar a las personas consumidoras de la región el acceso a mecanismos de calidad, independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos para la resolución alternativa de conflictos”, afirmó Escudero durante la inauguración del VIII Congreso del Sistema Arbitral de Consumo que se celebra este jueves en el campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), según informó la Junta en nota de prensa.
Una jornada en la que se contó con la participación del secretario general del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero; la directora general de Consumo del Gobierno de España, Bibiana Medialdea; el director general de Agenda 2030 y Consumo de Castilla-La Mancha, Ramón Lara; y el vicerrector de Internacionalización, Raúl Martín. Dicho encuentro se desarrollará en distintas ponencias y mesas redondas contando más de 100 personas inscritas.
Tal y como explicó Escudero, quieren “incorporar al marco legal del arbitraje de consumo en la región las modificaciones normativas, tanto por parte de la Comisión Europea como de la Administración del Estado, para contribuir a reforzar un sistema gratuito, ágil y sencillo por el que se apuesta para resolver los conflictos en materia de consumo y que, incluso, se contempla entre las reformas procesales que se están tramitando actualmente por parte del Estado”.
El objetivo es que la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha incremente su eficiencia y operatividad, remarcó el consejero, quien añadió que la Comunidad Autónoma “vuelve a ser pionera” en este ámbito, al regular el procedimiento arbitral con rango de ley y, especialmente, otorgando a la mediación en consumo una regulación de la que se carece hasta la fecha.
Recuperación del sistema arbitral de consumo
Durante su intervención, Escudero explicó el “importante esfuerzo” que se ha realizado en esta legislatura para activar la Junta Arbitral de Consumo a nivel regional, pues en 2010 contaba con 19 órganos arbitrales y con el cambio de gobierno los colegios arbitrales dejaron de tener actividad en su mayoría y se redujeron a tres.
Actualmente, “y gracias también al apoyo del Ministerio con las convocatorias anuales de subvenciones”, les ha permitido “potenciar” el esfuerzo económico en la recuperación y consolidación de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha y de sus órganos arbitrales municipales y ya cuenta con diez en la región, fruto de los convenios firmados durante estos años y “la colaboración de muchas entidades locales e instituciones”. De esta forma, además de recuperar los colegios de arbitraje de consumo en estructura y funcionamiento, se han tramitado un total de 1.546 solicitudes, dictándose 964 laudos.
También destacó el esfuerzo realizado para sumar a las empresas de la región adheridas al sistema arbitral que ya alcanzan las 12.000, por lo que se puede afirmar, dijo, que la región está “en la buena línea de volver a poner en valor y prestigiar el arbitraje en Castilla-La Mancha como un indicador de calidad y sobre todo de confianza, a la hora de hacer nuestros actos de consumo”.
Proyecto europeo ‘Cyberadr’
Finalmente, el consejero se refirió al nuevo proyecto en el que trabaja la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo de la Consejería denominado ‘Soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión de un sistema de resolución alternativa de conflictos en materia de consumo’ (Cyberadr), financiado por la Comisión Europea. “Una plataforma digital para mejorar y reforzar los mecanismos de resolución alternativa de conflictos”, remarcó Escudero.
Con ello se pretende aumentar la confianza de los consumidores en los mecanismos de ADR y las soluciones tecnológicas que faciliten dichas acciones “potenciando la resolución amistosa entre consumidores y empresas, a la par que reducir la presión sobre la vía judicial”.
“Una herramienta digital sencilla, rápida, eficaz y al alcance de todos los consumidores y empresarios. Estamos en la parte inicial del proyecto que esperamos tenga continuidad en nuevas convocatorias para poder culminar el proceso previsto”, concluyó Escudero.
