De acuerdo con el calendario de implantación, de estos 2.100 millones, el Ejecutivo prevé invertir 530,4 millones de euros a lo largo de este año 2021; 741,4 millones en 2022, y 828,2 millones en 2023.
En concreto, estos fondos irán destinados a la realización de evaluaciones y análisis; campañas de difusión y sensibilización; construcción y remodelación de centros residenciales y centros de día innovadores; adquisición de su equipamiento e inversión en tecnología para los cuidados de larga duración. También se contempla el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.
En el componente número 22 del Plan, el Ejecutivo detalla que el 89% de las inversiones de esta línea (1.860 millones de euros) corresponden a proyectos propuestos por las comunidades autónomas y las entidades locales.
Estos proyectos incluyen la construcción de nuevos equipamientos residenciales y centros de día o su rehabilitación (1.410 millones), y la inversión en teleasistencia y otros dispositivos tecnológicos relacionados con los cuidados de larga duración (450 millones).
65.000 EUROS POR PLAZA RESIDENCIAL
A título ilustrativo, el Gobierno estima que el coste por plaza de nueva construcción residencial adaptada al nuevo modelo de cuidados que se quiere impulsar sería de 65.000 euros por plaza (1.000 euros por metro cuadrado; 65 metros cuadrados por persona). El cálculo lo realiza a partir de estudios del Tribunal de Cuentas y el coste de construcción de centros residenciales localizados en distintas regiones.
Para la remodelación de plazas disponibles, el Ejecutivo estima un coste aproximado de una quinta parte de las de nueva construcción.
En cuanto a la teleasistencia, que deberá llegar a las 870.000 personas dependientes que viven en su casa sin este servicio, el Gobierno señala que ampliar el servicio para dar cobertura a todos ellos supondría una inversión de 200 millones de euros al año.
Respecto a los proyectos ejecutados directamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (240 millones de euros) se financiarán al menos tres proyectos piloto para el impulso de la desinstitucionalización cuyo coste final dependerá de las propuestas aprobadas finalmente.
Como ilustración, el Gobierno ha solicitado a la organización Plena Inclusión los costes que tendría su propuesta para el pilotaje de un proyecto de transformación de los apoyos y cuidados de larga duración de personas con discapacidad intelectual. Este proyecto supondría un coste, en los tres años de duración, de unos 32 millones de euros. Contando con este proyecto como prototipo, el desembolso total de los tres proyectos podría ascender a una cifra aproximada de 100 millones de euros.
Otros 125 millones de euros se destinarán a proyectos de remodelación de los centros dependientes del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio) para adaptarlos al nuevo modelo de cuidados de larga duración y a otros proyectos innovadores a desarrollar en estos mismos centros, según precisa el documento.
Los 15 millones de euros restantes presupuestados corresponden al coste de los trabajos de evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y el despliegue de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.
En cuanto a esta desinstitucionalización, el Ejecutivo precisa que, según las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria, el término desinstitucionalización no debe interpretarse tanto como un proceso de “cierre generalizado” de centros residenciales ya que “para algunas personas esta es la única alternativa posible”, sino como un “cambio cultural que promueve la permanencia en el hogar” de las personas dependientes “siempre que sea posible”.
