El Ministerio para la Transición Ecológica invitará a las comunidades autónomas a mantener reuniones trilaterales con el operador del sistema Red Eléctrica (REE) en el proceso de diseño de la nueva Planificación de Electricidad 2025-2030.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Energía, donde ha compartido con los consejeros autonómicos los principales avances de los últimos meses y ha destacado el gran cambio que se ha producido en España en los últimos años, que se refleja en las peticiones de acceso a la red, informó el Ministerio.
En concreto, ha señalado que el Ministerio ya perfila la próxima Planificación de electricidad 2025-2030 y ha desglosado que las peticiones de acceso a demanda representan el 41% de las solicitudes, seguidas por la generación (40%) y el almacenamiento (19%).
Además, ha añadido que se mantiene el interés por la generación: las peticiones de fotovoltaica son cinco veces más de las necesarias para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), las de eólica dos veces y las de almacenamiento nueve veces; y también que el interés de la inversión industrial se deriva del gran desarrollo de las renovables.
«El salto es sustancial; donde había una demanda vegetativa, y sobre todo para generación, ahora la principal demanda es de la industria, de los puertos, de los ferrocarriles, del tejido industrial y productivo, lo que constata el gran atractivo del país», señaló.
NO ES POSIBLE INTEGRAR TODAS LAS PETICIONES EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS.
Así, Aagesen ha subrayado que no es posible integrar todas las peticiones en los próximos cuatro años y ha agradecido a las comunidades autónomas el esfuerzo para priorizar proyectos, emplazándolas a mantener esas reuniones trilaterales con Red Eléctrica y el Ministerio para afinar el diseño de la Planificación, siempre con el foco puesto en las demandas industriales, la descarbonización y la competitividad del país.
Además, según añadió el Ministerio, la ministra ha especificado que se revisarán los límites de inversión anual con relación al PIB en las redes eléctricas, «pero manteniendo un enfoque equilibrado para contener los costes trasladados a los consumidores».
El gabinete dirigido por Sara Aagesen también indicó que durante el encuentro se ha repasado la evolución de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), especialmente en las siete líneas territorializadas, dotadas con más de 5.000 millones de euros: autoconsumo, almacenamiento y térmicas para el sector residencial; renovables térmicas en diferentes sectores de la economía; Moves II y Moves III; PREE y PREE 5000; y Plan Islas.
A este respecto, se ha incidido en la necesidad de aumentar la información disponible para evaluar adecuadamente los avances y las necesidades con vistas a las fechas límite de ejecución establecidas por la Comisión Europea.
Igualmente, uno de los puntos concretos de la ejecución del PRTR ha sido el de la movilidad eléctrica y los planes de fomento, como el Moves III, que han recibido más de 2.000 millones en los últimos años.
MÁS DE 40.000 PUNTOS DE RECARGA PÚBLICOS.
En este sentido, durante la reunión se puso en valor que ya hay más de 40.000 puntos de recarga públicos y se pidió un esfuerzo para supervisar la aplicación, en el ámbito de las competencias autonómicas, de medidas como la obligación de grandes gasolineras y aparcamientos de disponer de puntos de recarga públicos, así como facilitar la tramitación del despliegue de puntos de recarga.
También durante la Conferencia se han conocido los trabajos en materia de lucha contra la pobreza energética y la vicepresidenta ha solicitado máxima colaboración con relación a la elaboración la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, actualmente en fase consulta pública previa.
Aunque el número de beneficiarios del bono social se ha venido incrementando, pasando de un millón de hogares en 2018 a 1,6 millones en la actualidad, uno de los principales objetivos de esta nueva Estrategia es «que nadie sin derecho al bono social se quede sin él», afirmó Aagesen.
En este sentido, se ha destacado la gran disparidad de consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social identificados en los distintos territorios y la necesidad de que aflore el colectivo más necesitado de atención por parte de las distintas administraciones y los servicios sociales para reducir la pobreza energética.
También se ha resaltado la importancia de implicar a las administraciones autonómicas y locales para que se aplique el marco de protección establecido por la normativa energética a todos sus beneficiarios potenciales.
