El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, ha dado a conocer que este 2018 ya se ha marcado record en la aprobación de instalaciones de telecomunicaciones con más de 1.100 antenas, entre las que se encuentran 3G y 4G, en Castilla-La Mancha en la Comisión de Redes, lo que supone casi un 60 por ciento más que la media de los últimos años. Como ejemplo, se ha referido a que el siguiente mejor año en este aspecto fue 2010, con 740 antenas aprobadas en esta Comisión de Redes creada en el 2002.
El responsable de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento ha insistido en que, aunque se está desplegando cobertura de 4G a lo largo y ancho de la región, también “se sigue implantando 3G, en muchos casos migraciones de GSM a 3G, para poder habilitar llamadas de voz donde ni siquiera tenían ese servicio y para dar mayor calidad y garantía a las mismas allí donde ya se dispone de voz”.
En este sentido, destaca el crecimiento que han experimentado ambas coberturas desde la pasada legislatura. Al respecto ha asegurado que mientras que el anterior Gobierno instaló 427 antenas de 3G, alcanzando al 93,38 por ciento de la población, el actual Ejecutivo autonómico ya ha implantado 711 antenas, que le permiten rozar el 99 por ciento de los habitantes de toda la región.
En lo que se refiere al 4G, los datos todavía son más relevantes. En la legislatura anterior solo había 25 localidades alcanzadas por 4G que permitían prestar esta cobertura al 41,85 por ciento de los castellano-manchegos; mientras tanto, con el Gobierno de García-Page ya se han implantado 1.005 núcleos poblacionales con 4G, lo que hace crecer el porcentaje de habitantes con este servicio hasta el 94,86 por ciento.
Estas cifras son “un indicador que demuestra que desde 2015, en Castilla-La Mancha se está produciendo el mayor crecimiento de cobertura 4G de todo el territorio nacional, tal y como vienen avalando los informes de la Secretaria de Estado para el Avance Digital”, ha mantenido el director general.
El artículo 11 de la ley 8/2001 crea y establece la composición de la Comisión de Redes, que actualmente recoge que la Presidencia la ostenta la consejera de Fomento, Agustina García Élez; mientras que la Secretaría es ocupada por el propio director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Las Vocalías son ocupadas por representantes de las Direcciones Generales de Salud Pública y Consumo, Política Forestal y Espacios Naturales y Vivienda y Urbanismo.
Con la entrada en vigor de la ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, se establece que la normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de Telecomunicaciones.
En particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional undécima de dicha ley y en las normas reglamentarias aprobadas en materia de Telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerables fijados por el Estado, unificando en todo el territorio nacional las limitaciones de los niveles de emisión electromagnética que las instalaciones radioeléctricas pueden causar.
Con esta ley, el Estado pasaba a asumir todas las competencias en materia de Telecomunicaciones mientras que, en la base a la misma, las comunidades autónomas tienen que revisar las instalaciones de los operadores en los ámbitos patrimonial y medioambiental. Así, los operadores tienen la obligación de presentar sus planes de despliegue para que sean revisados bajo estas pautas por la Comisión de Redes.
Aprobar planes de Despliegue de Red, indispensable para otorgar licencias
Para la aprobación por parte de la Comisión de una instalación prevista dentro del Plan de Despliegue de Red aportado por un operador, tienen que comprobarse aspectos como la integración de las estaciones de radiocomunicaciones en el entorno urbanístico y territorial, la imposición, si fuera preciso, de acciones de mimetización y/o soluciones destinadas a minimizar el impacto de las infraestructuras necesarias y su armonización con el entorno, y la comprobación del impacto de la instalación en la vegetación y fauna de la zona y, en consecuencia, la imposición de condiciones a la ejecución de dicha instalación si fuera preciso.
La aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red por parte de la Comisión de Redes será condición indispensable para que los municipios a los que pertenecen los terrenos donde está previsto ubicar una de estas instalaciones puedan otorgar las licencias pertinentes. No obstante, esta aprobación no obliga al Ayuntamiento a otorgar los permisos para efectuar las instalaciones previstas.
