El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado este martes por décimo año consecutivo el convenio de colaboración con Cruz Roja para el desarrollo del Plan de Pobreza Energética en la región, que cuenta con una dotación económica de 500.000 euros para garantizar el suministro eléctrico a las familias en situación de pobreza severa. Un acuerdo con el que se refuerza la red de protección social de la Comunidad Autónoma y que vuelve a demostrar la eficacia de la colaboración entre la Administración y el Tercer Sector.
Así lo ha manifestado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, durante la firma del convenio junto al presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, donde ha destacado que «este convenio se viene renovando desde 2016. Ya son diez años de colaboración ejemplar entre la Administración y el Tercer Sector». Un modelo de coordinación institucional que, en palabras de Martín, «demuestra que cuando trabajamos juntos, obtenemos extraordinarios resultados», según nota de prensa de la Junta.
Un instrumento eficaz contra la vulnerabilidad energética
Este convenio permite a los equipos profesionales de los servicios sociales de Atención Primaria actuar de forma rápida ante situaciones urgentes, proponiendo el abono de recibos impagados por hasta 200 euros o evitando directamente cortes de suministro eléctrico. También garantiza que, si el corte se ha producido, el servicio sea restablecido en un plazo máximo de 24 horas.
«El Plan de Pobreza Energética está implantado en toda Castilla-La Mancha y funciona con precisión y eficacia», ha subrayado Guadalupe Martín. «Gracias a este convenio, los servicios sociales pueden evitar cortes de suministro o garantizar su reposición en solo 24 horas». En este sentido, ha insistido en que «en Castilla-La Mancha, ningún hogar vulnerable se queda sin luz si acude a los servicios sociales. Esa es nuestra garantía».
En 2024 se concedieron un total de 2.335 ayudas que beneficiaron a 8.734 personas, de las que 4.191 eran menores, lo que supone un 48 por ciento del total. «El año pasado se ejecutó el cien por ciento del presupuesto previsto, lo que demuestra la necesidad real de esta ayuda para familias con hijos en situación de pobreza severa», ha asegurado la viceconsejera.
El Plan de Pobreza Energética ha permitido conceder 40.000 ayudas desde 2016, con un impacto directo sobre más de 140.000 personas, de las cuales 66.728 son menores de edad. Además, es una medida totalmente compatible con el bono social eléctrico que gestiona la Consejería de Desarrollo Sostenible, del que se benefician más de 80.000 familias en la región.
