La consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, ha expresado la preocupación en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha por los hechos que constan en el sumario instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el llamado caso ‘Kitchen’, y que implican a la entonces presidenta regional, Dolores de Cospedal, y a Andrés Gómez Gordo, ex alto cargo de su máxima confianza que fue director general de Documentación y Análisis de la Junta de Comunidades.
Fernández ha recordado que Gómez Gordo – que pertenecía al Gabinete de la Presidencia y tenía su despacho en el Palacio de Fuensalida – fue parte sustancial de un operativo parapolicial montando presuntamente para hacer desaparecer pruebas acerca de la financiación irregular del Partido Popular, que finalmente quedó demostrada en sentencia firme. Además, según el juez de la Audiencia Nacional, el que fuera director general de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha, captó al chófer de Bárcenas e incluso le entregó dinero perteneciente a los fondos reservados del Estado para presuntamente obtener esta documentación.
Este conjunto de hechos ha sido calificado como “extremadamente grave” por la portavoz, quien ha mostrado su preocupación porque un ex alto cargo regional, cuya nómina pagaba la ciudadanía Castilla-La Mancha, se dedicase a estas cuestiones, “presuntamente por mandato directo de la señora Cospedal, lo que hace que tenga interés para la región y para este Gobierno”.
Por todo ello, Blanca Fernández ha lanzado la siguiente pregunta: “¿además de entregar fondos reservados al chofer de Bárcenas, además de estar encargado de su captación, el señor Gómez gordo se dedicó a tareas similares en Castilla-La Mancha?” Y es que, tal como ha recordado, durante los años de Gobierno de Cospedal se llegaron a interponerse 50 querellas contra ex altos cargos del anterior Gobierno, contra alcaldes y alcaldesas que se vieron envueltos en procesos judiciales que en su mayoría resultaron archivados mientras que, en los que acabaron en juicio, se pudo demostrar finalmente la inocencia de los que fueron injustamente acusados.
“El director general de planificación nombrado por Cospedal, cuyo bagaje político era ninguno en esta materia, era policía nacional experto precisamente en cuestiones de seguridad, ése era su currículum”, ha relatado Blanca Fernández antes de inquirir, “¿se dedicó esencialmente a montar informes falsos que se publicaban en los medios nacionales del país? Por ejemplo, el caso Quadrifolio que quedó en nada, pero que nos hizo mucho daño. ¿A esto se dedicaba el director general que pertenecía directamente a la Presidencia y que se sentaba en esta misma sede del palacio de Fuensalida desde la que les estoy hablando? ¿A esto se dedicaba a montar querellas falsas, informes falsos a intentar importa imputar a ex altos cargos de otros gobiernos? ha preguntado la consejera portavoz.
Según la explicado la portavoz, estas acciones tuvieron como finalidad “provocar la sensación de que en Castilla-La Mancha había campado la corrupción cuando nunca fue así con los gobiernos socialistas, como quedó demostrado en los juzgados”.
Recortes
Mientras esto sucedía en Madrid, Blanca Fernández ha recordado que la ciudadanía de Castilla-La Mancha sufría los mayores recortes de la historia: 10.000 personas con dependencia fueron expulsadas del sistema, se recortó en más de 100 millones de euros la financiación de la residencias de mayores, se despidió a más de 3.000 profesionales sanitarios del SESCAM, se intentó privatizar hospitales, se despedía a 5.000 docentes, se cerraban escuelas y urgencias rurales, se eliminaron becas de comedor y ayudas de emergencias, se dejó a la universidad reducida a la mínima expresión y los recortes provocaron el despido de 22.000 profesionales de los servicios sociales.
“Eso pasó en Castilla-La Mancha mientras que, con el dinero público de los castellanomanchegos, se pagaba la nómina de un señor director general de Documentación que cogía fondos reservados para pagar al chofer de Bárcenas con la intención de que hiciera desaparecer pruebas que pudieran probar lo que quedó aprobado finalmente, esa financiación irregular del Partido Popular”, ha señalado la consejera.
Atentos al proceso judicial
Blanca Fernández ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha estará muy atento al desarrollo de las investigaciones y del proceso judicial ya que “entendemos que este es un asunto que afecta directamente a la Presidencia del Gobierno de la Junta entre los años 2011 y 2015”, y ha avanzado que no descarta ninguna acción que en un momento dado sea aconsejable tomar para preservar los intereses de la comunidad Autónoma.
En cualquier caso, “el Gobierno vigilará si las acciones Gómez Gordo o de Cospedal pudieran suponer alguna merma de las arcas públicas de Castilla-La Mancha, más allá de lo que hoy parece evidente y es que estábamos pagando, con los impuestos ciudadanos de Castilla-La Mancha, a un alto cargo de Cospedal, de confianza de la presidenta, que precisamente se dedicaba a estos asuntos”.
Fernández también ha dicho que el Ejecutivo regional estará muy atento a las iniciativas que quieran sustanciar los Grupos Parlamentarios en las Cortes autonómicas, a posibles peticiones de comparecencia en la Cámara autonómica.
