El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado al Gobierno de España la aprobación urgente de un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la «injusticia» del actual sistema.
Así lo ha expresado esta mañana en la presentación de la Cátedra de Ciberseguridad de la UCLM tras la reunión mantenida ayer en Sevilla con representantes de las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, territorios que —según ha señalado— están “objetivamente infrafinanciados”, una situación reconocida “no solo por los gobiernos autonómicos, sino también por el propio Ejecutivo central y diversos servicios de estudios”.
Ruiz Molina denunció que el sistema vigente acumula ya once años de retraso en su reforma. “Ni el Gobierno del Partido Popular en su momento, teniendo mayoría absoluta, lo abordó, ni el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido desbloquearlo, aunque ahora todas las comunidades, independientemente de su color político, reconocen la necesidad de cambiarlo”, ha subrayado.
El consejero recordó que el actual reparto de recursos es insuficiente para garantizar adecuadamente los servicios esenciales que gestionan las comunidades, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. «Estos servicios son el pilar del estado del bienestar y son, además, los más sensibles para la ciudadanía», ha explicado.
Además de la insuficiencia financiera, Ruiz Molina denunció la existencia de una “falta de equidad” tanto vertical —entre la Administración central y las comunidades autónomas— como horizontal —entre comunidades—. En este último caso, subrayó que las diferencias de financiación por habitante pueden llegar a superar el 30 %, lo que lastra la capacidad de respuesta de regiones como Castilla-La Mancha.
Fondo transitorio
Frente a la lentitud en la aprobación del nuevo modelo, el consejero ha defendido la creación de un fondo transitorio de compensación que permita acercar la financiación de estas cuatro comunidades autónomas a la media nacional. Según los cálculos aportados por Ruiz Molina, Castilla-La Mancha arrastra un déficit estructural de financiación de unos 400 millones de euros anuales, una cifra que no es solo una estimación del Gobierno regional, sino que también ha sido avalada por estudios como el presentado esta semana por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
En paralelo, Ruiz Molina ha valorado positivamente la condonación parcial de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda, que supondrá para Castilla-La Mancha una reducción de más de 4.000 millones de euros en su carga financiera. No obstante, ha insistido en que se trata de una medida “insuficiente” frente al problema estructural de la infrafinanciación.
El titular de Hacienda castellanomanchego también ha reclamado al Gobierno central lealtad institucional para compensar a las comunidades cuando se adopten decisiones que puedan afectar a su capacidad financiera. “Lo pedimos antes al Gobierno de Rajoy y lo seguimos pidiendo al de Pedro Sánchez. La posición de Castilla-La Mancha ha sido coherente con independencia del partido que gobierne”.