El jurado popular, integrado por seis mujeres y tres hombres, ha declarado por unanimidad culpable a N.G.E, juzgada este martes en la Audiencia de Toledo por haber entrado en noviembre de 2020 en la vivienda de su exmarido –J.R.M– en Seseña Viejo y agredirle con dos cuchillos, heridas que le ocasionaron la muerte.
Los nueve componentes del jurado han mostrado unanimidad a la hora de considerar culpable de todos los delitos que se le han imputado a la procesada, tras reconocer esta los hechos y en base a las pruebas aportadas por los forenses.
De igual modo, han mostrado unanimidad a la hora de descartar proponer al Gobierno de la nación el indulto total o parcial de la pena solicitada para la acusada, dada la gravedad de los hechos.
Tras el veredicto del jurado, el juicio, que estaba previsto durase hasta el viernes 24, ha quedado visto para sentencia.
LA ENCAUSADA RECONOCE LOS HECHOS
En la sesión matinal de este martes, el Ministerio Fiscal ha reducido la petición de pena para N.G.E, que entró en la vivienda de su exmarido en Seseña Viejo y le acuchilló mientras se encontraba con su pareja, al haber admitido la procesada los hechos. Así, de los 23 años de cárcel que conformaban su petición inicial, la ha reducido a 14.
Tras la confesión de la inculpada, la representante de la Fiscalía ha modificado la calificación jurídica de los hechos, pasando de asesinato con alevosía a homicidio, aplicando la atenuante de reparación de daño. Ha valorado que haya vendido su vivienda donde agredió a su exmarido y haya puesto los 66.000 euros obtenidos para indemnizar a las tres hijas del fallecido.
Por ello, también ha reducido el pago de dinero que N.G.E ha de abonar a las afectadas, pasando de 150.000 euros para cada una de las tres descendientes a 21.000 euros y el que tendrá que abonar a D.A.P.C., pareja del fallecido en el momento de su muerte, a la que tendrá que abonar 3.619,63 euros.
De igual modo, tanto la acusación particular como la defensa de la procesada se ha adherido tanto a la pena como a las indemnizaciones solicitadas por la Fiscalía.
DECLARACIÓN
El juicio, tras la conformación del tribunal del jurado popular compuesto por seis mujeres y tres hombres que van a enjuiciar unos hechos sucedidos el 26 de noviembre de 2020, ha arrancado sobre las 11.30 horas de este martes.
A preguntas de la representante del Ministerio Fiscal, la procesada ha admitido que en el momento en que sucedieron los hechos estaba divorciada de la víctima, con el que tuvo dos hijas, y que este vivía en un domicilio de su propiedad.
Esa mañana del 26 de noviembre de 2020, ha reconocido la acusada, habló con el fallecido por teléfono para reprocharle que no hubiese llevado a las hijas al colegio como le correspondía, pues fue su chófer quien realizó la tarea.
Por ese motivo, y con las llaves de la vivienda que mantenía, N.G.E. acudió al domicilio donde vivía la víctima y entró en su dormitorio, donde le sorprendió con su actual pareja –D.A.P.C–, empezando a agredirles.
De igual modo, ha admitido que su exmarido consiguió echarla de la habitación y cerró la puerta con el cerrojo, pero ella golpeó fuertemente hasta conseguir abrirla de nuevo.
Acto seguido, tras bajar a la cocina para coger dos cuchillos, volvió a entrar en la habitación, donde propinó varias cuchilladas a su exmarido y padre de sus dos hijas.
De igual modo, N.G.E, a preguntas de la acusación particular, ha reconocido que cuando subió de nuevo a la habitación dijo que le iba a matar.
La víctima fue trasladado primero al Hospital Universitario del Tajo, en la localidad de Aranjuez, si bien la gravedad de las heridas que presentaba provocaron su traslado al Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde finalmente falleció el 2 de diciembre de 2020.
PENAS INICIALES
Antes de su declaración en la que ha admitido haber acabado con la vida de su exmarido, la procesada se enfrentaba a una pena de 23 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, según la calificación del fiscal, que también había fijado en 150.000 euros la indemnización para cada una de las tres hijas del fallecido. Así las cosas, proponía otra compensación de 60.000 euros para D.A.P.C, la pareja de la víctima.
Por su parte, la acusación particular reclamaba para la inculpada 20 años de cárcel por el delito de asesinato, con el agravante de parentesco, y uno más por allanamiento de morada. De igual modo, pedía una indemnización de 100.000 euros para cada una de las tres hijas del finado.
Por contra, la defensa de la acusada ha considerado en su intervención inicial que su defendida cometió un delito de lesiones, por el que propone tres años de prisión, o «alternativamente», uno de homicidio imprudente, penado con cuatro años.
Alegaba su magistrada que «lanzó puñaladas al aire» y que en ningún caso quiso acabar con la vida de su exmarido, que tuvo «un fatal desenlace», pues cuando ingresó en el hospital no tenía «pronóstico de muerte», pero los profesionales sanitarios, «agotados y con angustia mental por el COVID», tuvieron un «olvido» que le causó la muerte.
