El PP ha conseguido el apoyo del PSOE en 11 de las 69 grandes ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes en los que ya se ha debatido su moción emplazando al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar con urgencia la llamada ley del ‘solo sí es sí’, lo que supone un 15,9% del total, según los datos que maneja la formación a los que ha tenido acceso Europa Press.
Los casos más significativos son las capitales de Burgos y Teruel y otros nueve municipios de más de 50.000 habitantes como Arganda del Rey y Valdemoro (Madrid), Marbella y Vélez-Málaga (Málaga), Lorca (Murcia), Sagunto, (Valencia) Vila-Real (Castellón), Talavera de la Reina (Toledo) y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).
La iniciativa, que los ‘populares’ van a llevar a más plenos municipales si no hay cambio legal de inmediato, cosechó además la abstención del PSOE en Salamanca capital, Benalmádena y Fuengirola (Málaga), San Fernando (Cádiz) y Colmenar Viejo (Madrid).
El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo está decidido a seguir con su ofensiva contra el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, consciente del coste electoral que la ley de garantía integral de la libertad sexual está provocando en las filas socialistas.
Este mismo sábado, el partido promovió concentraciones en Valencia, Alicante y Coruña, que se suman a las ya celebradas semanas anteriores en Ferrol, Santiago o Madrid (está última impulsada por su organización juvenil, NNGG). En esas protestas solicitan el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y urgen además a Pedro Sánchez a asumir responsabilidades políticas por haber avalado esta «chapuza» legal «sabiendo» de antemano las consecuencias, según fuentes ‘populares’.
VARIOS MUNICIPIOS SIN VOTOS EN CONTRA AL TEXTO DEL PP
En concreto, el PP ha conseguido el apoyo de los socialistas en Arganda, Burgos, Lorca –las tres se debatieron en noviembre o diciembre–, Marbella, Sagunto, San Cristóbal de la Laguna, Talavera de la Reina y Vélez Málaga, estas cinco últimas se votaron en plenos celebraros a finales de enero o primeros de febrero. En ninguna de las ocho hubo votos en contra. En Arganda y Sagunto, Vox optó por la abstención y en Burgos la abstención de Podemos fue por la ausencia de su concejal.
También los socialistas apoyaron la moción del PP en Teruel, Valdemoro, Vila-Real durante plenos municipales celebrados a finales de enero. En contra votaron Más Madrid en Valdemoro; Compromís y Podemos en Vila-Real; y Espacio Municipalista por Teruel.
Hay otros casos en los que el PSOE no ha votado en contra de la iniciativa, sino que se ha abstenido, como ha pasado en los municipios de Benalmádena y Fuengirola (Málaga), San Fernando (Cádiz) Colmenar Viejo (Madrid) o Salamanca capital.
En el caso de Madrid, que gobierna el ‘popular’ José Luis Martínez Almeida, la moción fue rechazada el pasado 31 de enero, dado que contó con el apoyo de PP y Cs pero votaron en contra PSOE, Más Madrid y Grupo Mixto, mientras que Vox se abstuvo. Tras ese debate, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pidió perdón por el apoyo de Ciudadanos en el Congreso a la ley del ‘solo sí es sí’.
EL PP HABLA DE «ALARMA SOCIAL» EN SU TEXTO
Hasta la fecha el PP ha llevado estas mociones –coordinadas por la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local que coordina Pedro Rollán– a un total de 69 plenos municipales y ha conseguido aprobarla en 39 municipios de más de 50.000 habitantes, lo que supone el 56,5%.
En esos textos, se pide al Gobierno la «inmediata revisión, por la vía de urgencia» de la ley para que «quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación».
En la moción, el PP subraya que las revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, la rebaja en las penas de prisión e incluso órdenes de excarcelación están «provocando una importante alarma social entre la población».
El primer partido de la oposición está dispuestos a continuar con su ofensiva si no hay cambio legal. Por lo pronto, el PSOE presentó el pasado lunes una proposición para acometer ese cambio legal pero la Mesa del Congreso aún no la ha calificado, una dilatación del trámite parlamentario que ha criticado el Grupo Popular.
