El Proyecto de Ley de extinción de Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla-La Mancha ha quedado este jueves listo para llegar al pleno de las Cortes regionales tras ser rechazadas las cinco enmiendas –cuatro del Grupo Popular y una del Grupo Ciudadanos– que se han debatido este jueves en la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento Autonómico. No obstante, las cinco enmiendas volverán a ser defendidas por sus correspondientes grupos en el pleno en el que se debate la aprobación de la norma.
Asimismo, la Comisión ha decidido que la parlamentaria Joaquina Saiz, del Grupo Parlamentario Socialista, sea la ponente del Proyecto cuando sea expuesto a la Cámara autonómica.
Durante el debate de estas enmiendas en la sesión de la Comisión, la diputada de Cs Elena Jaime se ha quejado de que PSOE y PP “no han dado un paso” para la tramitación de esta ley, que lleva “16 años de retraso” que han hecho que las cámaras agrarias provinciales “lleven todo este tiempo en el limbo”.
“Los tenemos enzarzados en el ‘y tú más’, el sistema político de Castilla-La Mancha una vez más nos decepciona y ha puesto en evidencia que ni PP ni PSOE sirven para solucionar problemas, solo para crearlos”, ha manifestado.
Por ello, ha insistido en que en la Comunidad Autónoma hacen falta “políticas cercanas, constructivas, eficaces, escuchando las demandas de los castellanomanchegos”, en definitiva, “una forma liberal de entender y hacer política y no dos partidos que tienen más presente las próximas elecciones” que las necesidades de la ciudadanía, ha finalizado.
EL PP VE LA LEY “EXPROPIATORIA”
Por su parte, el diputado del PP Emilio Bravo, que ha defendido las cuatro enmiendas a la norma presentadas por su partido, ha considerado que el proyecto de ley “no es adecuado” y ha advertido que, si no se mejora con las enmiendas propuestas por los ‘populares’, “debe ser rechazado” porque es una ley “puramente expropiatoria de un patrimonio que no pertenece al Gobierno regional, sino que es anterior incluso a la existencia de la Junta de Comunidades”.
Bravo ha criticado además que el proyecto recentraliza la gestión de las cámaras agrarias, de modo que cualquier iniciativa “no podrá resolverse desde los propios municipios sino desde Toledo”, lo que supone, ha manifestado, “una clara limitación de la autonomía, no solo de las camaras, sino de los propios agricultores”. En este sentido, además, ha considerado que trata a los ayuntamientos “como administraciones menores” cuando son estos “los que están cerca de los agricultores y saben sus necesidades”.
Finalmente, ha afirmado que esta norma es “opaca” en cuanto al destino que quiere dar la Junta a los bienes que se quiere atribuir con la liquidación de las cámaras provinciales, puesto que no se conocen los criterios que se usarán para gestionar el futuro banco de tierras.
PSOE: LOS AGRICULTORES SERÁN LOS BENEFICIADOS
Mientras, la socialista Joaquina Saiz ha destacado que los agricultores y ganaderos de la región serán “los máximos beneficiarios” de esta extinción de las cámaras agrarias provinciales, poniendo como ejemplo la creación “del futuro banco público de tierras”.
“Con este banco de tierras se fomentará que agricultores jóvenes que se quieran incorporar al sector agrario lo puedan hacer aún sin poseer tierras, utilizando tierras de ese banco público”, ha abundado.
En opinión de Saiz, este es un proyecto de ley “que beneficia a todo el sector primario y que cuenta con el consenso de todo el sector”, por lo que ha manifestado que espera que este consenso se traslade a las cortes para que el texto sea aprobado por todo el Parlamento autonómico.
