El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, pese a pedir a los grupos de la oposición que «den ejemplo de compromiso con ciudadanos y con el desarrollo sostenible de la región» y apoyen la Ley de Agua, que mejora y optimiza la gestión del agua, mejora el servicio que reciben los ciudadanos de la región y mejora el medio ambiente, no ha logrado que esta norma «importante para la región» fuese apoyada por PP y Cs.
En su defensa del texto, Francisco Martínez Arroyo ha defendido que el canon que establece esta ley emana de la exigencia que impone la directiva marco de agua y redistribuye la riqueza, existe en la «práctica totalidad» de las Comunidades Autónomas, es progresivo, penaliza el mal uso y alivia a los pequeños consumidores, pues se situará entre 1 y 4 euros mensuales.
«Recoge bonificaciones y descuentos. Es socialmente aceptable, no como ocurre en otros lugares. Ha sido trabajado, debatido y, me atrevería decir que, consensuado», ha destacado el titular regional de Agua sobre el canon, que genera el rechazo tanto de PP como de Ciudadanos, que hablan de un nuevo «impuestazo».
Martínez Arroyo ha vuelto a decir que esta ley es fruto de la Mesa del Agua, y ha sido muy participada por diferentes administraciones públicas, organismos públicos y privados, organizaciones ecologistas, agrarias y partidos políticos. «En resumen, la sociedad civil», ha dicho.
Tras asegurar que todas las aportaciones y sugerencias recibidas en proceso tramite han sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva y por ello el resultado es fruto de muchos consensos, ha recordado que actualiza la ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha de 2002.
«Esta ley permite resolver los problemas de la región en materia de agua. Vamos a invertir muchos recursos», ha alegado el consejero que ha hecho hincapié en que, en virtud del texto, existe un Plan de Depuración de Aguas, que, con una inversión de más de 600 millones euros en 629 actuaciones, hará posible que en 2032 todas las aguas residuales de la Comunidad Autónoma se depuren.
«Apelo a su responsabilidad y compromiso para que esta ley salga con consenso, porque este proyecto ley verdaderamente importante para esta tierra», ha concluido.
SOCIALISMO SINÓNIMO DE IMPUESTOS
Visión contraria ha mostrado la diputada de Cs Elena Jaime sobre el texto, pues en la línea que mantuvo en la comisión en la que se debatieron las enmiendas, ha vuelto a calificar de «impuestazo» ese canon, asegurando que «socialismo es sinónimo de impuestos», por mucho que sus dirigentes les acusen de «engañar a la gente por unos pocos votos».
Jaime ha vuelto a reprochar al PSOE que no haya incorporado sus enmiendas a la ley que, entre otras cuestiones, pretendían aportar transparencia, y también les ha afeado la «facilidad» que les da la mayoría absoluta a la hora de plantear una «incalificable ley».
«Salgan de su burbuja, miren a los ciudadanos a los ojos y explíquenles que ya había dos cánones que daban recursos a los presupuestos para sacar partidas que luego no ejecutan y, como les parece insuficiente, los van a subir y van a poner otro», ha denunciado la parlamentaria de la formación naranja, que ha denunciado que la ley elimine la tasa por gestión de residuos peligrosos.
«Es cierto que esta ley no va solo de impuestos, aunque sí en su mayor parte. Esta ley va más allá, no va de contaminación ni de medio ambiente, ni de directiva marco de agua europea. Esta ley que, sigue la estela de alguna otra, va de hacer suyo, usando sus organismos bien engrasados, un bien público y derecho humano que es el agua», les ha recriminado Jaime.
«NUEVO ENGAÑO DEL GOBIERNO»
En términos parecidos se ha expresado la portavoz del PP Ana Guarinos, que ha insistido en que esta norma es un nuevo «engaño» del Gobierno regional, pues que con excusa del agua «vuelve a subir impuestos». «Incrementa dos tasas existentes, la de aducción y depuración y crea un nuevo impuesto al que llaman, con intención de confundir, canon medioambiental, haciendo creer que es imposición de directiva marco. Es falso».
Guarinos ha abundado en que de los 118 artículos que integran el texto de la ley «76 son tributos y sanciones». «Eleva la presión fiscal a los castellanomanchegos, no aporta ni una sola gota de agua a la región, no resuelve ni un solo problema, ni los problemas medioambientales en relación con el agua. Es una manera de encubrir la creación de un nuevo impuesto van a pagar todos los castellanomanchegos».
La parlamentaria ‘popular’ también ha tildado de «falso» que la norma sea en cumplimiento de Pacto regional del Agua, al tiempo que ha denunciado ante el consejero que, pese a anunciarlo muchas veces tanto él como el presidente regional, Emiliano García-Page, no hay plan de depuración, «otra de sus grandes mentiras».
Así las cosas, ha alertado de una nueva «bajada de pantalones del Gobierno de Castilla-la Mancha ante el Gobierno España» pues, según ha explicado, en virtud de esta ley, el autonómico renuncia a la obligatoriedad de realizar un informe preceptivo ante cualquier derivación de agua que se haga en la región.
DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Por contra, el parlamentario socialista Francisco Pérez Torrecilla, encargado de volver a explicar los motivos de su partido para rechazar las enmiendas presentadas de PP y Cs, ha proclamado que la Ley de Aguas no es solo una ley de tributos, pues incorpora muchos elementos importantes en defensa de la gestión del agua en la región.
«No es una ley tributaria. Cuando hablan de ley tributaria es por criticar al gobierno para intentar arañar votos en lugar de asumir responsabilidad», les ha vuelto a afear, como ya hiciera en la comisión.
