Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, no ha querido entrar a valorar el contenido del borrador de Estatuto de Personal Investigador (PDI) presentado por el Ministerio de Universidades cuyo titular, Manuel Castells, negociará este mes de julio con los rectores, sindicatos y comunidades autónomas y garantiza que la reforma que contempla permitirá acabar con la precariedad de los profesores asociados
Para Castells, la idea de que no se protege a profesores asociados «es totalmente falsa porque lo que busca es acabar con la precaridad con un periodo transitorio para pasarlos a un estatus normal de un escalón de carrera académica que sería doble, una que es funcionarial y otra laboral, con los mismos derechos, obligaciones y salarios», ha indicado Castells en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press. En su opinión, «la apertura de esa carrera laboral es lo que permite, sin necesidad de crear plazas de funcionarios, contratar de forma indefinida y en condiciones dignas el conjunto del profesorado».
En este sentido, el ministro explica que está previsto un «periodo transitorio para que las personas puedan adaptarse y para que nadie salga perjudicado», no obstante, recuerda que se trata de un borrador que va a negociarse de ahí que tampoco entrara en detalles «porque no quiero empezar a debatir sobre lo que todavía estamos dialogando porque puedo sesgar un dialogo tranquilo», añadió el titular de Universidades.
Tenemos que estudiarlo
De su lado, el rector de la Universidad castellano-manchega aseguró a preguntas de los medios de comunicación en el Simposio Ciencia Joven que se ha celebrado esta semana en el campus ciudarrealeño que están estudiando este borrador cuyo contenido trasciende a la UCLM al ser un asunto de carácter nacional. «Lo estudiaremos -aseguró- así como el régimen de convivencia de estudiantes ya que el Gobierno quiere derogar el decreto que regula el régimen disciplinario y hace falta una base legal. Este es un asunto que está en plena ebullición».
En este sentido y como se recordará, el sindicato CCOO-Enseñanza a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha pedido este semana una mesa de negociación para elaborar un Plan de Estabilización del Personal Docente e Investigador (PDI) que, según este sindicato, “en un alto porcentaje no sólo está sometido a temporalidad y precariedad, sino que además está contratado por la Universidad utilizando de forma irregular la figura del ‘profesor asociado’, según explicaba en un comunicado.
Borrador consensuado con los agentes sociales
El Ministerio de Universidades que dirige Manuel Castells tiene el objetivo de que a partir de septiembre se elabore un borrador consensuado con los agentes sociales. Este borrador seguirá entonces su trámite habitual, es decir, pasará a consulta pública y luego pasará a Consejo de Ministros para su aprobación. Fuentes de la CSIF especifican a Europa Press que los sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y la CIG) se reunirán desde este viernes y hasta el 20 de julio con el Ministerio.
Según el documento de propuesta redactado por el Ministerio para el EPDI, que requeriría la modificación de la Ley de Universidades, y al que ha tenido acceso Europa Press, se reestructuraría el régimen de figuras para el personal docente e investigador, que pasarían a ser de Titular y Catedrático de Universidad en el caso de la carrera funcionarial, y de Profesor Doctor, Profesor Titular Contratado de Universidad y Catedrático Contratado de Universidad en el caso de personal laboral.
Incorporación, consolidación y promoción
De este modo, según se desprende del texto, esta carrera académica aseguraría «los hitos de incorporación, consolidación y promoción», estableciendo el Doctorado como condición previa para el desarrollo de esta. Además, a esta carrera académica no funcionarial se añaden otras figuras que responden a situaciones específicas, como la de Profesor Extraordinario, Profesor Emérito, Profesor Sustituto Temporal y la de Profesional Asociado.
Sin embargo, para el responsable de Universidades del sindicato CSIF, Ramón Caballero, lo que recoge el documento del Ministerio es la voluntad de «hacer una carrera laboral paralela a la funcionarial», lo que supone un «disparate auténtico». «Se pierde seguridad administrativa y jurídica, no le vemos la ventaja de ninguna de las ventajas», lamenta en declaraciones a Europa Press.
