El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; Julián Garde, preside la Comisión de Estatutos que será la encargada de adaptarlos a las Ley de Universidades (LOSU), según aprobó el Claustro universitario en su última reunión.
Junto al rector componen la Comisión de Estatutos siete integrantes del Personal Académico, uno del Personal Técnico, de Gestión y de Administración de Servicios (PTGAS) y tres del sector Estudiantes. En total son 11 miembros más la secretaria general, María Isabel Gallego Córcoles, y el rector en calidad de presidente.
Componen la representación del PA, Bruno Camus de la Facultad de Letras del campus de Ciudad Real; Nicolás García Rivas de la Facultad de Derecho y Víctor Manuel Ruiz de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, ambos del campus de Albacete; Miguel Ángel López Guerrero de la Escuela Politécnica de Cuenca; Alicia Valmaña Ochaita de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo; María Ángeles Carrasco García de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y Ana Isabel Corregidor Sánchez de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.
Por otro lado, José Manuel Herencia Mendoza del Rectorado será el presentante del PTGAS mientras que Carlos García Cano de la Facultad de Derecho de Albacete; Pablo Nieto.Sandoval del Centro de Estudios de Posgrado de Toledo y Carmen Pérez Campillo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete completan el sector de Estudiantes en la Comisión de Estatutos.
Adaptar los Estatutos
Esta comisión tiene por delante la ingente tarea de adaptar los Estatutos de la Universidad regional a la LOSU tal y como contempla la Ley de Universidades tras su entrada en vigor hace justo un año, concretamente el 12 de abril de 2023. Una vez concluido este proceso, los nuevos estatutos de la UCLM deberán ser aprobaos por el Claustro universitario
Respecto a la LOSU, Garde admitía en una entrevista reciente con la agencia de noticias Europa Press que ha puesto en valor un cambio un cambio “importante” y “en positivo” por parte del Gobierno de España a la hora de acompañar con financiación la puesta en marcha de la ley universitaria.
Para Garde lo más importante de esta norma es “el objetivo de llegar al 1% del PIB en inversión en universidades en 2030”. “Y eso es mucho dinero, es muchísimo dinero adicional”.
Garde forma parte del grupo de trabajo que desarrolla la norma e insistía en esta entrevista en que “lo importante del grupo de trabajo es ponerse de acuerdo para llegar al 1% y, además, hacerlo no porque lo diga la ley sino por convencimiento”, afirmando que llegar a esa cifra cambiaría “el modelo de país”.
