En el informe, publicado por el Tribunal y que recoge Europa Press, este organismo realiza, entre otras, las recomendaciones a la Administración regional de adelantar el plazo de rendición de cuentas a 30 de junio en el ejercicio siguiente, integrar en la Cuenta General las cuentas de todos los entes del sector público y no solo los sujetos a contabilidad pública o elaborar un plan de disposición de fondos.
También recomienda al Gobierno regional dictar una norma que regule la elaboración de un informe por las fundaciones, empresas y consorcios o realizar distintas modificaciones de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha para incluir la obligación de remitir un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del control financiero o incluir como requisito exigible para hacer ampliaciones de créditos el que estas se realicen con la oportuna financiación.
En cuanto a la Cuenta General, el Tribunal de Cuentas ha apuntado que “con carácter general” las cuentas de la Administración General de la Junta y sus entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo a los principios y normas contables y la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas, aunque haciendo algunas salvedades.
Entre ellas, el Tribunal ha apuntado que se tramitaron ampliaciones por 33,6 millones de euros en las que no se especificó la fuente de financiación y se utilizó remanente de tesorería consistente en incorporaciones de créditos financiadas con ingresos afectados de ejercicios anteriores por un importe de 115,3 millones, algo que habría supuesto para el presupuesto en curso una mayor necesidad de financiación.
Del mismo modo, el informe ha indicado que el presupuesto definitivo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) no está equilibrado debido a modificaciones por 971.000 euros en el presupuesto de ingresos. Igualmente, explica que en los balances de los organisos autónomos no aparece la cuenta de resultados del ejercicio anterior.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas comenta también que las diversas cuentas bancarias del Sescam y del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) no reflejaban lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que gastos devengados en ejercicios anteriores por importe de 63,7 millones de euros fueron imputados al presupuesto del Sescam de 2016, mientras otros por 58,1 millones correspondientes a dicho ejercicio quedaron recogidos entre los acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, incumpliendo el principio de especialidad temporal.
En cuanto a las cuentas de otras entidades públicas, destaca que al cierre del ejercicio fiscalizado presentaban patrimonios netos negativos y fondos de maniobra negativos las fundaciones Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, Patronato Semana de Música de Religiosa y Promoción de Castilla-La Mancha. Adicionalmente, las fundaciones Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y Semana Música Religiosa de Cuenca presentaban una situación financiera deteriorada.
Análisis de la gestión
En lo referente al análisis de la gestión, el Tribunal de Cuentas manifiesta que Gicaman y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha S.A. superaron la cuantía prevista en materia de personal, así como que Infraestructuras del Agua incrementó en 2016 sus gastos de personal un 33 por ciento y Geacam experimentó un incremento tanto de sus gastos de personal, en un 27,94 por ciento, como de sus efectivos, en un 27,45 por ciento.
También recoge que RTVCM abonó las cantidades por kilometraje exentas de gravamen y en las cantidades abonadas por los desplazamientos de los trabajadores en vehículo de propiedad del ente público tampoco se practicaron las retenciones fiscales.
De otro lado, el Tribunal indica que Geacam formalizó nuevos contratos en la modalidad fijo-discontinuo y procedió a la transformación de otros en indefinidos sin contar con las autorizaciones legales preceptivas y que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha incrementó su plantilla en diez trabajadores a pesar de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para 2016.
Por otra parte, el informe señala que la información de ofrecía en abril de 2018 el Portal de Transparencia en materia de publicidad activa no cumplía con todas las premisas establecidas en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y que el periodo medio de pago superó en los meses de abril y mayo el periodo de 30 días legalmente establecido.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas advierte de que el gasto sanitario y farmacéutico en la región creció por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo en la economía española para 2016, excepto en el gasto farmacéutico hospitalario.
