Hoy entra en vigor la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, una norma que tiene por objeto mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos e introduce una remodelación de los servicios públicos regionales, así como una mayor racionalización y agilidad de los procedimientos de la Administración regional con el ciudadano, informa en nota de prensa la Junta de Comunidades.
Esta Ley, que fue aprobada el pasado 1 de septiembre por las Cortes regionales, tiene un carácter estrictamente técnico y administrativo y contempla multitud de materias, afectando, por lo tanto, prácticamente a todas las consejerías.
Se trata de una Ley que avanza en la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a sus ciudadanos y, a su vez, simplifica el funcionamiento de la Administración regional, mediante una reorganización administrativa y del sector público sectorial.
Una parte de la Ley nace de la necesidad de adaptar el nuevo marco normativo del Estado a la Comunidad Autónoma y, en concreto, dos leyes esenciales en la estructura administrativa básica como son la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Otro bloque de la Ley aborda una reforma del sector público regional, que lo que busca es modernizar la Administración autonómica.
Por otra parte, la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas aborda una serie de modificaciones de leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma para adaptar determinados aspectos de su articulado a la realidad socioeconómica actual e incrementar su eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y en la gestión de los recursos económicos.
Además, la Ley recoge una serie de medidas para promover una mayor eficiencia en la gestión presupuestaria, favoreciendo las generaciones de crédito como consecuencia de los recursos provenientes del Estado.
Finalmente, un último bloque de la Ley aborda una nueva regulación del servicio de emergencias del 1-1-2, de manera que las llamadas recibidas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla la Mancha procederán a conservarse durante todo el tiempo que resulte conveniente para gestionar el incidente y, en su caso, por un plazo máximo de dos años desde que se cierre el incidente.
