Un jurado popular juzgará a partir de este viernes, 21 de enero, en la Audiencia Provincial de Guadalajara a un trabajador de Correos en la localidad guadalajareña de El Casar por, presuntamente, apropiarse de cerca de 30.000 euros tras acceder a las tarjetas de débito o crédito y el pin que enviaba el Banco Santander por carta a los clientes antes de que llegaran a estos, hechos por los que el Ministerio Fiscal ha solicita para él la pena de cinco años de prisión por infidelidad en la custodia de documentos y por un delito continuado de estafa informática.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los hechos se enmarcan entre junio de 2016 y abril de 2017, momento en que el acusado era cartero en la zona de El Casar (Guadalajara) y en el que, tras apoderarse de las tarjetas de crédito o débito que diversos clientes, remitidas por la entidad por carta, comenzó la retirada de dinero desde distintos cajeros automáticos situados en Guadalajara, Madrid y Valencia.
En principio, el juicio se prolongará hasta el próximo 28 de enero y en él se dirimirá si el acusado, con antecedentes penales cancelables, siendo trabajador laboral contratado por la Correos, con ocasión de sus atribuciones como cartero, consistentes en la clasificación y reparto de la correspondencia postal que tenía entrada en el servicio de Correos de El Casar y que repartía también en Mesones y Valdenuño Fernández, se apropió de diversas tarjetas de crédito o débito que la entidad Banco Santander SA había remitido en sobres por correo postal a diversos clientes.
Según el escrito de acusación, el investigado, una vez que se hacía con las tarjeras, se apoderaba después del número secreto o pin de las mismas, que llegaba también por correo con un margen de varios días.
Cuando se hacía con la tarjeta y el PIN asociado y obtenido «ilegítimamente» y «sin consentimiento de su titular», según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, «con el propósito de aprovecharse y beneficiarse a costa de lo ajeno», se dirigía a distintos cajeros automáticos e iba sacando dinero de los diferentes clientes en cantidades muy variadas y «de forma no consentida».
La Fiscalía también pide para J.C.M. la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 30 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de otros quince meses de prisión, así como nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la entidad Banco de Santander en la cantidad de 29.400,75 euros, que es la cantidad que la entidad ya ha devuelto a los clientes afectados y que habrá de ser incrementada con el interés legal, mientras que en calidad de responsable civil subsidiario responderá Correos.
