La Policía Nacional, gracias a la coordinación entre la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Toledo, ha materializado la expulsión del territorio nacional de un varón de 52 años de edad condenado por delitos relacionados con el terrorismo que se había asentado en Torrijos (Toledo) tras salir de prisión.
Según ha informado la Policía en nota de prensa, este individuo fue detenido previamente en el año 2021 por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas.
Estas actividades, enmarcadas dentro de la lucha contra el extremismo violento, supusieron una grave vulneración del orden constitucional y del marco legal vigente en materia de seguridad ciudadana y prevención del terrorismo. Durante el tiempo en el que se encontraba cumpliendo condena por dichos delitos, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una orden de expulsión del territorio nacional al considerar que la permanencia del sujeto en España representaba un riesgo real y concreto para la seguridad pública y el orden interno del país.
Una vez extinguida la condena privativa de libertad, el individuo ha sido localizado en la localidad toledana de Torrijos. Gracias a la actuación conjunta de las unidades implicadas en la operación se ha procedido de manera inmediata a la ejecución de la orden de expulsión, garantizando en todo momento el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y el respeto a los derechos fundamentales.
El proceso ha culminado con su efectiva salida del país, quedando establecida una prohibición de entrada a territorio español por un periodo de 10 años, medida que tiene como objetivo evitar que pueda reincidir en conductas similares que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Esta actuación subraya una vez más el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de la ciudadanía, así como la firmeza con la que se aplican las herramientas legales disponibles frente a personas que promueven el extremismo violento o desarrollan actividades contrarias al interés general y la convivencia pacífica.
