En un comunicado, la organización empresarial valora que la Junta de Castilla-La Mancha haya incluido en las ayudas a todos aquellos sectores empresariales que el Gobierno de España había excluido en su decreto nacional, pero considera que hay “dos aspectos discriminatorios, que derivan del decreto nacional y que la Junta no tiene competencia para modificar”.
En concreto, se refiere a que sólo pueden ser beneficiarios de las ayudas aquellas pymes y autónomos que tengan deudas pendientes de pago, de modo que quedan excluidos de las ayudas quienes durante la pandemia hicieron frente a sus pagos puntualmente, contribuyendo a mover la economía y a evitar una escalada de impagos.
“Esta norma penaliza a las pymes y autónomos que asumieron sus compromisos económicos pendientes. Puede darse el caso paradójico de que una empresa que hubiera gestionado sus pagos al detalle, pero a la que debieran ciertas cantidades de dinero, no obtengan ayudas, mientras que su deudor sí las cobre”, ha explicado Fedeto.
Por otra parte, a los autónomos que cotizan en módulos se les destina una ayuda de hasta 3.000 euros, lo que resulta “igualmente discriminatorio”, pues “lo deseable hubiera sido que el Gobierno de España diera competencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que evitara que esto sucediera.”.